Revés a los bancos

Una sentencia del Tribunal Supremo revolucionó ayer a bancos, despachos de abogados y titulares de hipotecas porque en una nueva interpretación que cambia las anteriores, estipula que corresponde a los bancos el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y no a quien suscribe la hipoteca, que es el que la estaba pagando desde la creación del tributo que recaudan las autonomías. La sentencia que pretende sentar jurisprudencia definitiva después de fallos contradictorios en diferentes salas entre 2001 y 2015 entiende que “el beneficiario de la inscripción del préstamo que se ha concedido y de la hipoteca que se ha constituido es el banco”, interpretando el ponente que “solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca, pues ésta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad”. Y en consecuencia, al banco le corresponde el pago de este impuesto que representa entre el 0,5 y el 2 por ciento del importe del préstamo, según las autonomías, con un 1,5 en Catalunya.

Para evaluar la trascendencia de la sentencia solo hay que tener en cuenta que actualmente hay unos ocho millones de hipotecas en vigor y que el importe de este impuesto que ahora tienen que asumir los bancos, según los cálculos de la agencia Moodys superaría los cuatro mil millones de euros, y en el supuesto de que todos los titulares de hipotecas recurrieran, podría ser una cantidad superior a los cinco mil millones que ya tiene que afrontar la banca por las cláusulas suelo. El revés judicial ya tuvo una primera repercusión en la Bolsa, donde los bancos perdieron cerca de seis mil millones con caídas superiores al 5 por ciento de entidades como Bankia, Sabadell y Bankinter, y ahora habrá que ver cómo se articulan los mecanismos de reclamación y devolución del impuesto, que pueden provocar aún más saturación en los tribunales si se opta por esta vía, considerada por los expertos como más eficaz que reclamarlo a Hacienda, e incluso cómo se concreta la retroactividad del fallo y si solo afecta a las hipotecas por firmar o alcanza las de los últimos cuatro años como sostienen las organizaciones de consumidores y de usuarios de banca que ayer celebraban la sentencia como una victoria. Pero los bancos aún no han dicho la última palabra y seguro que plantearán recursos.