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Por si alguien aún tenía dudas, el informe sobre el cambio climático encargado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos confirma estudios anteriores sobre el retroceso de la nieve y dibuja un panorama inquietante con un calendario relativamente próximo: en treinta años, el Pirineo perderá la mitad de la nieve que acumula. De momento, se están perdiendo los glaciares y, así, de los 41 que estaban contabilizados en 1983, hemos pasado a 19 en la actualidad. Se prevé que, por debajo de la cota 1.800, el manto de nieve se reducirá en un 78 por ciento en el último cuarto de siglo y las temperaturas mantendrán su tendencia al ascenso, de forma que ya han subido 1,2 grados de media en los últimos cincuenta años, un 30 por ciento más que la media mundial. Vamos hacia un Pirineo con menos nieve y menos días de innivación, más calor, menos agua y más torrencial, con más riesgos de desprendimientos, como ya estamos padeciendo, y alteraciones notables en la flora, con más riesgo de plagas, como ya se ve con la proliferación de la procesionaria, y en la fauna, con especies que se replegarán hacia las alturas o incluso pueden desaparecer. Evidentemente, el cambio climático también tendrá un notable impacto en las estaciones de esquí y el turismo, porque para mantener la superficie esquiable habrá que recurrir a la innivación artificial, con los costes y el impacto que conlleva. Las causas, según los expertos, hay que buscarlas en el calentamiento global y habrá que trabajar para minimizar los cambios y después adaptarse a los mismos con políticas de protección y la potenciación de un turismo más ecológico. La condena de Mas Un organismo desprestigiado que ha sido incapaz de controlar las cuentas de los partidos, que son quienes designan sus miembros, ha condenado a Artur Mas y los exconsellers Homs, Ortega y Rigau a pagar 4,9 millones por los gastos del 9-N, incluidos los ordenadores que se destinaron a las escuelas, pese a que la Generalitat ha declarado que no se siente perjudicada y que los gastos fueron legales. Se les hace pagar por decisiones del Executiu, algo que no se reclama a otros gobiernos.

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