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EDITORIAL
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Un criterio respetable

Actualizada 16/11/2018 a las 11:35

Dedicar una calle a una persona en cualquier pueblo o ciudad es un honor que debería contar con el máximo consenso y, en el mejor de los casos, aprobarse tras analizar su trayectoria con criterios objetivables y atendiendo la opinión de la ciudadanía o las peticiones de los diversos colectivos. Pero también hay que tener en cuenta que estos criterios pueden ir variando con el tiempo y que el reconocimiento social en un momento histórico determinado puede trocarse en desprestigio o viceversa, partiendo de la base de que es imposible que todo el nomenclator ciudadano goce del mismo reconocimiento y que haya unanimidad en la valoración de los méritos. Sí que debería haber unanimidad en no homenajear a personas que hayan participado en actos violentos o más concretamente en la sublevación franquista, pero de la misma forma hay que respetar la voluntad de los consistorios democráticos que aprobaron nuevos nombres.

En Lleida, la polémica sobre los nombres franquistas se ha prolongado más de lo aconsejable después de que el primer alcalde de la democracia Antoni Siurana retirara de las calles de la ciudad hasta cuarenta nombres vinculados con el franquismo, pero algunos quedaron y después de meses de debate y reivindicación de diversos colectivos, el alcalde Larrosa anunció ayer que retiraba otros cuatro nombres, Alcalde Areny, Germans Recasens, Sangenís Bertrán y Alcalde Recasens por su vinculación con la sublevación franquista, y estas calles llevarán el nombre de cuatro mujeres y en cambio mantiene los nombres dedicados a Alcalde Montaña, Alcalde Sangenis, Juan Manuel Nadal Gaya, Carmelo Fenech y Lluís Besa por entender que los cuatro primeros fueron aprobados por unanimidad por consistorios democráticos, con el apoyo de algunos de los grupos que ahora lo rechazan, y porque no está probada la participación del quinto en la sublevación franquista. Después de consultar a expertos, el alcalde ha fijado este criterio: respetar las resoluciones de los ayuntamientos democráticos como representantes de la soberanía popular de aquel momento y es un criterio respetable que puede ser trasladado a otros momentos históricos. De la misma forma que la oposición está en su derecho a exigir la retirada de los otros cinco porque la unanimidad se antoja imposible.

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