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Por si alguien tenía dudas sobre la mala situación que vive la justicia española, puede despejarlas leyendo la resolución y los votos particulares de la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo, que argumenta la rectificación sobre el impuesto de las hipotecas que se hizo pública el martes. En la sentencia se acusa a unos jueces del Supremo de arbitrarios y “un drástico viraje jurisdiccional tan inopinado como radical, que además carece de justificación”, también de hacer “un análisis fragmentario y parcial” y, hasta de algo tan grave para un juez, como obviar todas las resoluciones que no les interesaban como las dictadas por el Tribunal Constitucional sobre el reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados. Pero tampoco se quedan cortos los jueces discrepantes en sus votos particulares y así lamentan “el desapacible tono empleado donde los argumentos jurídicos se vuelven anémicos, decaen por su propia debilidad y vienen a ser reemplazados por la descalificación hiriente”. Se dice que “las faltas de consideración repetidas y evidentes, que van a pasar a la historia jurisprudencial como un baldón sonrojante, solo infaman a quienes incurren en ellas”. Se califica de “nueva e indeseable práctica cinegética” la cacería contra los ponentes de la sentencia rectificada y se admite que la sociedad en general y los jueces y magistrados que integran la carrera judicial “pueden quedarse perplejos con estas actitudes belicosas”.

Pero además de criticarse entre los dos bandos, partidarios de que paguen los bancos o los ciudadanos el impuesto, el anterior presidente de la sala se pregunta “si el Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, cómo podrá pedirse respeto a la misma” y uno de los magistrados que había sentenciado que el impuesto debían pagarlo los bancos advierte que “la confianza en la justicia se quiebra si después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto”. No son críticas políticas, sino los reproches que se hacen entre ellos los mismos jueces del Supremo y que cuestionan la imagen que están dando, la división existente y la pobreza de argumentos del adversario. Si lo dicen ellos mismos, poco más cabe añadir salvo que al final decidieron que el impuesto en cuestión lo paguemos los ciudadanos.

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