Con el apoyo de los ultras

Tal como era previsible a tenor de los resultados electorales, se ha acabado la era socialista en Andalucía después de 37 años de gobierno ininterrumpido y con sospechas fundadas de corrupción que han llevado ante los tribunales a dos presidentes socialistas de la Junta, y un popular, Juan Manuel Moreno, que será el nuevo presidente andaluz con Juan Marín, de Ciudadanos, como vicepresidente. Puede ser oportuno recordar que aquí no se ha respetado el axioma que los populares pretendían convertir en ley de que gobernara la lista más votada, que fue la de Susana Díaz, y gobernará uno de los candidatos que obtuvo más retroceso con unas alianzas que el tiempo dirá si también son contra natura por aplicar los adjetivos utilizados en otras instancias. El PP andaluz ha tenido que pactar y repartir consejerías con Ciudadanos y al mismo tiempo ha llegado a un acuerdo con Vox para que le garantice los votos necesarios para su investidura, pero desde el partido de Rivera niegan cualquier pacto con la extrema derecha. La cuestión que se plantean hoy no solo en Andalucía, y también en el PP, es si el desalojo de Susana Díaz de la Junta justifica un pacto con un partido de extrema derecha, anticonstitucionalista, xenófobo, que discute la veracidad de las denuncias por maltrato machista, que está dispuesto a acabar con las autonomías, que exige la expulsión de inmigrantes, que quiere derogar la ley contra la violencia machista y pide medidas para evitar el drama del aborto. Es indiscutible que han obtenido 400.000 votos y doce escaños, pero hay que preguntarse si estos apoyos justifican que puedan marcar la política del PP. De momento plantearon 19 peticiones de máximos que incluían desde la expulsión de 52.000 inmigrantes hasta la instauración del Día de la Reconquista, pasando por renunciar a competencias sobre educación, derogar leyes de protección a la mujer y al colectivo LGTBI y eliminar ayudas al feminismo. No han llegado a tanto, pero sí han conseguido un acuerdo de 37 puntos que incluye compromisos sobre inmigración, apoyo a los toros y la caza, derogar la ley de memoria histórica y respaldo a la familia tradicional que marcará la gestión de gobierno PP-Cs. Pese a las críticas de algunos dirigentes del PP y las reticencias más formales que reales de Cs, se ha abierto la puerta a que la extrema derecha decida la gestión de gobierno. Cuando quieran arrepentirse del error, igual es tarde.