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En julio ya hubo una gran huelga de taxistas para protestar por la falta de regulación de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC, porque exigían que se limitara el número de licencias de Uber y Cabify a una por cada treinta taxis y se llegó a un principio de acuerdo para respetar este tope en la reglamentación, que debían desarrollar las comunidades autónomas. Pero ha surgido un nuevo escollo al conocerse los proyectos de la Generalitat y de Madrid, con el rechazo frontal al plazo de precontratación de los VTC fijado en 15 minutos mientras que los taxistas reclaman entre 12 y 24 horas, que ha desencadenado una nueva huelga indefinida, más contundente que la anterior porque Barcelona ha quedado bloqueada, no hay regulación de servicios mínimos y ya ha tenido brotes violentos contra algunos VTC y algún periodista y porque ya se barajan medidas tan radicales como el bloqueo de La Jonquera. No se han hecho los deberes y no se ha negociado una regulación que garantice los derechos de los taxistas y los ciudadanos, y aún ayer se intercambiaban reproches entre Generalitat y ayuntamiento de Barcelona por discrepancias sobre el tiempo de precontratación y quien debe regular el sector. Los taxistas tienen derecho a defender sus derechos, a defenderse de las multinacionales y a exigir una regulación que garantice su futuro después de haber tenido que pagar a precio de oro sus licencias, pero no tienen derecho a paralizar un país, a dejar sin atención a personas que necesitan un transporte público, a recurrir a la violencia para exigir el cumplimiento de sus derechos y, en una palabra, a olvidar que son un servicio público. Y por muy indignados que estén no pueden sembrar de amenazas su protesta con un tono que en algunos casos se acerca al matonismo, con patadas y sabotajes a los VTC, ni enfrentarse a los Mossos y a la Policía cuando pretenden acceder al Parlament o al Puerto de Barcelona, ni atacar la economía del país paralizando calles y carreteras cuando se celebren acontecimientos tan trascendentales como Fitur o el Mobile World Congress, del que también dependen muchas familias y la evolución del país. Es evidente que falta una regulación sobre la llegada de los VTC, que es inevitable por mucho que protesten los taxistas, pero sí hay que llegar a un consenso, sin amenazas y sin crispaciones, para que las dos partes puedan convivir y trabajar por su futuro.

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