Asumir errores y rectificar

La denuncia de una víctima de abusos sexuales en Montserrat ha trasladado a la abadía benedictina la lacra que está padeciendo buena parte de la Iglesia católica y que ha provocado la convocatoria del Papa Francisco de una cumbre en el Vaticano para analizar la cuestión y tomar medidas preventivas. En este caso, la víctima ha explicado que fue objeto de abusos por el monje responsable del movimiento escultista en la década de los 90, que se silenció el caso, que se indemnizó al menor que sufrió los abusos y que la abadía se limitó a trasladar al monje ya fallecido al santuario del Miracle en el Solsonès. No hubo más investigaciones, y pese a que la víctima explica que su caso es la “punta del iceberg”, ni petición de perdón, ni la menor autocrítica y se envolvió el caso en un manto de silencio que solo ahora se ha roto por la denuncia de la víctima, que recoge firmas para que se endurezcan las condenas por pederastia y para que no prescriban estos delitos. La abadía cayó en el mismo error que la mayor parte de la Iglesia que ha pretendido silenciar esta lacra extendida por todo el mundo y que ha convertido en víctimas a niños indefensos, aunque ahora matice su postura explicando que en estos momentos sí denunciaría el caso. Lo cierto es que no lo hizo y que permanece la sospecha de que pudiera haber más y, por su simbolismo, Montserrat está obligada a investigar a fondo el tema, a pedir perdón a las posibles víctimas y asumir responsabilidades para conservar el prestigio que tiene y que no puede dilapidar por estos hechos. Derrota con los alquileres El gobierno de Sánchez sufrió ayer su derrota más severa en el Congreso al rechazarse el decreto ley sobre alquileres, con los previsibles votos de PP y Cs, pero también con el rechazo de Podemos, ERC y Bildu, que exigían la inclusión de un control de precios de alquiler por parte de los ayuntamientos con posibilidad de limitaciones en las zonas de excesivo crecimiento. Con la derrota, tampoco entrará en vigor la prórroga de los contratos de tres a cinco años y hará falta una nueva regulación en un tema candente para muchos ciudadanos.