Arrancar frutales

Unos 600 agricultores leridanos se han apuntado al plan de arrancada de frutales de hueso con el objetivo de reducir la producción básicamente de melocotones y nectarinas y favorecer los precios, que en las últimas campañas han sido ruinosos para el agricultor. Las peticiones han alcanzado en Lleida las 1.400 hectáreas, por debajo de las expectativas que se centraban en torno a las dos mil, y el plan contempla una indemnización de 5.000 euros por hectárea arrancada con el compromiso de no volver a plantar melocotoneros, nectarinos o paraguayos en un plazo de cuatro años a partir de la percepción de la ayuda. La realidad es que los agricultores se veían obligados a vender por debajo del precio de coste, que en muchas ocasiones perdían dinero y que, por ejemplo, en 2017, la Unión Europea tuvo que financiar la retirada voluntaria de 29 millones de kilos de melocotones y nectarinas. Con la pérdida del mercado ruso, la caída del consumo interno y la amenaza del Brexit que reducirá las exportaciones al mercado británico, el objetivo es reducir la producción y, aunque a nadie le guste arrancar árboles y, evidentemente, a los que menos a los propios agricultores, este plan de arrancada era necesario aunque, según algún sindicato, hubiera podido ampliarse la superficie a arrancar a las cinco hectáreas. Pero también hay que advertir que esta arrancada puede ser un parche, no una solución de futuro para un sector que necesita más ayudas, más promoción de marca, nuevos mercados y rentabilizar la calidad y la producción. Llamada de socorro Una medida tan plausible y esperada como la subida del salario mínimo ha provocado un serio problema en los centros especiales de trabajo y en los gestores de las entidades sociales que atienden a discapacitados, agrupados en la Federació Allem porque tienen las ayudas congeladas desde hace diez años y ahora tienen que atender una importante subida salarial. Sus responsables advierten que la continuidad de su labor está en peligro si no reciben más apoyo de las administraciones, que deberían tener en cuenta que estas entidades atienden a 2.200 discapacitados.