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Los independentistas catalanes presos ya están en cárceles de Madrid, el Supremo ya ha fijado fecha, el 12 de febrero, para el juicio más importante de los últimos años y la sala ya ha dictado el auto en el que se aceptan declaraciones de políticos como Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, Iñigo Urkullu, Artur Mas o Roger Torrent entre otros y ha denegado que declare el Rey, Carles Puigdemont o personalidades internacionales como Noam Chomsky o Paul Preston. A falta del desarrollo del juicio también están claras las estrategias con la fiscalía y la abogacía del Estado empeñadas en mantener que hubo una alteración del orden constitucional que se plasmó en delitos de rebelión o sedición y malversación con la incógnita de si podrán probar o no la existencia de violencia, que exige la tipificación de rebelión, o de actuaciones tumultuarias que conllevaría sedición. Por parte de las defensas, la estrategia también está clara y se centrarán en demostrar que los acusados defendían el derecho a votar y a que Catalunya ejerciera su autodeterminación, aunque alguno de los letrados como Xavier Melero anuncia una defensa más técnica, planteando dudas sobre la independencia del tribunal y la garantía de los derechos de los acusados. Lo que está claro es que por mucho que desde Madrid se quiera plantear el juicio como un procedimiento judicial, hay un componente político ineludible que marcará el desarrollo de los sesiones, que se trasladará a las calles de toda Catalunya y que previsiblemente acabará en los tribunales europeos. No habrá observadores internacionales porque la sala del Supremo no puede ni plantearse que estemos ante un juicio sin garantías, pero sí habrá una internacionalización del caso por la notable presencia de periodistas extranjeros y porque todas las sesiones serán retransmitidas por televisión. Como hemos dicho reiteradamente no es justo que los acusados hayan estado un año en prisión preventiva, pero tampoco puede mantenerse que entre septiembre y octubre del año pasado no pasó nada en Catalunya o que la sentencia ya está escrita como se sostiene desde ámbitos independentistas. Hay que confiar en la separación de poderes, reclamar un juicio con todas las garantías, pedir que se eviten reacciones violentas y que se mantenga la calma en la calle y plantear cauces de diálogo político para afrontar la cuestión catalana, que no se resolverá en ningún tribunal.

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