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Otra vez un caso de violación grupal se salda con una condena mínima por abusos sexuales y, en este caso, la Audiencia de Lleida ha condenado a dos años de prisión a un joven de 19 años, absuelve a otro porque, según la sentencia, se limitó a hacer fotos y el tercer implicado, que tenía 16 años en el momento de los hechos, ya fue condenado por el juzgado de menores a 20 meses de libertad vigilada. La víctima y denunciante es una joven de 29 años que padece una discapacidad intelectual que, según los peritos, le impide fabular, con lo cual, su testimonio era perfectamente creíble. En los hechos probados se recoge que la víctima dijo reiteradamente que “no” y pidió a sus agresores que pararan, pero, como ha sucedido en otras sentencias, los jueces consideran que no hubo resistencia, que la disminución de la víctima es difícil de percibir a simple vista, lo que unido a la posible ambigüedad del comportamiento de la denunciante, pudo generar en el acusado un error y podía parecerle una situación libremente consentida. En consecuencia, estiman que no hubo violencia, con lo cual la agresión queda reducida a un delito de abusos con la consiguiente reducción de pena. A tenor de la reiteración de sentencias en el mismo sentido, parece evidente que hay una deficiente redacción del Código Penal, que requiere el uso de la violencia para considerar una violación como agresión, pero también hay una interpretación restrictiva por parte de los jueces de la negativa de la mujer que debería ser el argumento contundente para interpretar como violencia todo lo que sea contravenir esta negativa. ¿Qué tipo de resistencia hay que exigirle a una mujer en unos momentos tan duros para que se pueda tipificar la agresión? Todos, legisladores y juristas incluidos, deberíamos tener claro que “no es no”, que debe bastar y sobrar con la negativa verbal para considerar lo contrario como una violación. Y si hay que cambiar el Código Penal, que lo hagan por vía de urgencia y de inmediato para frenar esta nueva lacra que padecemos en forma de agresiones contra la mujer, como muestran los datos sobre denuncias machistas, que en Lleida han aumentado un 18 por ciento, hasta llegar a registrarse una media de tres al día durante el último año. Hay que cambiar los parámetros sociales, de forma que la igualdad sea una realidad efectiva e incontrovertible y que los abusos y agresiones a las mujeres sean perseguidos y condenados con efectividad y contundencia.

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