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Tal como sucedió con los del Estado, los presupuestos de la Generalitat para el año en curso han sido presentados, incluso elogiados por el aumento de las partidas sociales, pero tienen un futuro complicado si no se consiguen los apoyos parlamentarios suficientes, que de momento no están garantizados, y el mismo vicepresidente, Aragonès, advirtió que no los presentará si no cuentan con el apoyo de los comunes. No quiere que se repita la historia de 2016 cuando los presupuestos elaborados por Junqueras y Aragonès y presentados como los más sociales de la historia fueron derrotados en el Parlament por no contar con el apoyo de la CUP, abriendo una crisis política que tardó un año en cerrarse con una cuestión de confianza por medio. Si los comunes no apoyan los presupuestos, y de momento las posiciones están alejadas, el govern no tendría inconveniente en prorrogar los vigentes que ya datan de 2017 con la consiguiente limitación del nivel de gastos, mientras que los ingresos podrían aumentar. El problema es que el funcionamiento económico se referenciaría a los datos de hace dos años y no se podría aprovechar el proyecto expansivo presentado el lunes con un incremento del gasto de un 7,4 por ciento, que permitiría volver en los departamentos más sociales, como Salud, Educación o Trabajo, Asuntos Sociales y Familia a los niveles anteriores a la crisis. De hecho, estas tres conselleries concentran el 74 por ciento de los presupuestos y la incógnita es si se podrán conseguir los ingresos presupuestados, con un aumento del 11,2 por ciento, con una propuesta de modificaciones fiscales, que se concretarán en el pleno de hoy y un escenario económico de crecimiento del PIB catalán del 2,5%, superior al español, 2,2%, y casi el doble del previsto para la zona euro. Habrá que esperar al desglose de los ingresos para ver si estamos ante un brindis al sol con unos presupuestos bienintencionados pero inviables o si son realistas y asumibles. Para las comarcas de Lleida, sería positivo que finalmente se aprobaran porque a diferencia de lo que sucedía con los del Estado, aquí sí hay un notable incremento de las inversiones previstas, un 30% más que en los de 2017, hasta sumar 88,8 millones, con partidas para la C-14, construcción de escuelas e institutos, nuevos regadíos, la reforma del Hospital Santa María o mejoras en las estaciones de esquí de Espot y Port Ainé. La decisión final la tendrá el Parlament.

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