Permisos de paternidad

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el decreto en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Iguala el permiso de paternidad al de maternidad, aunque lo hará de forma escalonada, hasta 2021, cuando será de 16 semanas. Además las empresas deberán tener un registro de salarios para evitar la discriminación persiguiendo el eslogan feminista de “A igual trabajo, igual salario”. El decreto aprobado recoge la demanda de muchas asociaciones y es sin duda un paso importante para que todo aquello que recogen las leyes que impiden discriminación por razón de sexo sea de una vez real en la calle, en los centros de trabajo y en las familias. Pero ante tal avance, al igual que en tantos otros que se han ido aprobando en los últimos años, cabe resaltar que normas sin presupuestos que los acompañen o sin planes de concienciación social y educativos son papel mojado en la realidad y la conciliación necesita mucho más que permisos de paternidad y maternidad igualitarios para que haga posible que mujeres y hombres puedan dedicar a partes iguales su tiempo entre su futuro profesional, el cuidado de los hijos y el tiempo libre para el ocio que cualquier persona necesita. Juicio del ‘procés’, segunda parte Una vez finalizadas las declaraciones de los 9 acusados independentistas en la cárcel por rebelión, sedición, malversación y desobediencia, ha quedado meridianamente claro que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han incidido en los delitos más graves y que conllevan las penas de cárcel más largas por lo que la prisión preventiva se antoja a todas luces desproporcionada. Para mantener la rebelión y la sedición se necesitarían pruebas de sublevación violenta y tumultuaria y es evidente que todos los que vivimos el 1-O sabemos que no hubo ni una cosa ni la otra, aunque los testimonios que van a declarar a partir de ahora, desde el exdelegado del Gobierno Enric Millo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, serán clave para mantener o no el relato de los fiscales. Arranca pues la segunda parte, en la que se necesitarán pruebas para seguir imputando los delitos.