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Los lazos amarillos se han convertido en un símbolo de solidaridad con los dirigentes del procés encarcelados para buena parte de la sociedad catalana y es comprensible y legítimo que se exhiban en edificios o, incluso, en la indumentaria personal, y el mismo juez Marchena ha admitido en el Supremo, apelando a la jurisprudencia europea, que los lleve algún acusado o los asistentes al juicio a los dirigentes del procés por entender que es un símbolo ideológico. Pero la Junta Electoral Central ha interpretado, a instancias de Ciudadanos, que estamos ante un símbolo partidista que no puede exhibirse en las sedes de la Generalitat y las conselleries porque interfiere en la necesaria neutralidad de estas instituciones durante el periodo electoral. En cualquier estado de derecho, la regulación del proceso electoral corresponde a las juntas electorales, y por muchas discrepancias que se puedan mantener, es obligado atender a sus requerimientos una vez agotados los posibles recursos porque son los árbitros del procedimiento. Al margen de los ordinarios, en este caso el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una pirueta insólita, ha llegado a reclamar el dictamen del Síndic de Greuges, cuyas funciones son defender al ciudadano de posibles desmanes de la administración y recomendar actuaciones para corregirlas. El Síndic, interpretando la legislación vigente, ha confirmado la decisión de la Junta Electoral pidiendo la retirada de los lazos de los edificios oficiales de la Generalitat durante el periodo electoral, que empieza en la convocatoria de las elecciones, para garantizar la neutralidad necesaria. En la práctica le ha ofrecido al president Torra la coartada que buscaba para retirar los lazos por recomendación del Síndic y no enfrentarse a las consecuencias penales de una desobediencia a la Junta Electoral, y también cabe esperar que con el dictamen del Síndic se cierre el conflicto y que la polémica no sirva para seguir tapando otras carencias y problemas de más calado. Es comprensible que se busquen polémicas con decisiones tan simbólicas, pero cabría preguntarse si el problema más importante que tenemos en estos momentos es que en las sedes de la Generalitat haya o no un lazo amarillo colgado, cuando quien quiere ya lo tiene en el balcón de su casa o en la solapa. Al gobierno de Catalunya hay que pedirle algo más que gestos o enfrentamientos permanentes por cuestiones simbólicas.

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