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EDITORIAL
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Todos somos inundables

Actualizada 30/03/2019 a las 08:13

El festival de Escalarre ya ha pasado al archivo de sueños imposibles y queda en el Pallars la indignación, el enfado y la frustración porque entre ecologistas y las administraciones, con la colaboración del promotor, que también ha pecado de falta de flexibilidad, se han cargado una oportunidad única de promocionar la comarca en todo el mundo, de acoger a más de 50.000 personas y de recibir un impacto económico superior a los cien millones de euros. ¿Y por qué ha frenado el proyecto quien teóricamente tiene la obligación de promover el desarrollo de la comarca? Pues porque el organismo regulador del agua de la Generalitat ha emitido un informe desfavorable al evento por entender que una parte de la zona de acampada y de los aparcamientos está en una teórica zona inundable denominada de flujo preferente, donde se concentran las mayores restricciones desde que se aprobó la nueva normativa en 2016. Es comprensible que se prime la seguridad, como destacaron los únicos representantes de la Generalitat que han dado la cara, pero también hay que matizar que estamos hablando de un periodo de retorno calculado de cien años y que desde que se tienen datos no hay precedentes de que se haya inundado la zona en cuestión, pero lo más grave es que según la cartografía de la Confederación Hidrográfica del Ebro hay áreas urbanas de 18 municipios de Lleida que tienen la misma calificación que la zona de Escalarre vetada. Están consideradas como zona de flujo preferente casi todo el barrio de Cappont en Lleida, incluidos los Camps Elisis y el recinto de la Fira de Lleida o el Aplec del Caragol, también está tipificada como zona inundable el margen izquierda del Segre en Balaguer, buena parte del núcleo urbano de Esterri o Vielha y así hasta 18 pueblos en Lleida, con muchos más en el resto de Catalunya. Y no consta que en estas zonas haya tomado medidas el ACA o la conselleria de Territorio similares a la de Escalarre y aún se da la circunstancia de que el geriátrico de Agramunt, donde murieron cuatro personas por la “rubinada” de 2015, sigue funcionando en su misma ubicación. Es la misma norma e idéntica catalogación pero en el Sobirà se ha hecho una interpretación mucho más restrictiva porque en determinadas instancias no tienen el menor interés en que el festival se celebrara en el Pallars. Y así nos va, por muchas lágrimas de cocodrilo que se viertan ahora.

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