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Diez ayuntamientos de las comarcas de Lleida podrán empezar a cobrar a partir de este ejercicio tasas a las empresas eléctricas por las líneas de alta tensión y otras infraestructuras que atraviesan suelo municipal. Ha sido el Tribunal Supremo quien ha ratificado la aplicación de este gravamen, atendiendo a la reclamación de los consistorios de La Pobla de Segur, Talarn y La Torre de Capdella y después de un periplo judicial que, en algunos casos, se inició hace cinco años con la paradoja de que tribunales catalanes daban la razón a las eléctricas y suspendían la tasa, mientras que en otras comunidades se atendía la petición de los ayuntamientos. Con la sentencia del Supremo se unifican los criterios y parece lógico que si hay líneas que pasan por terrenos municipales haya que pagar unas tasas por la servidumbre de paso y de hecho todas las sentencias de otras instancias, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en los casos de Josa i Tuixén, Vall de Cardós, Senterada e Isona i Conca Dellà y las del juzgado de lo contencioso en los de La Vansa i Fórnols y Aitona, se han pronunciado en el mismo sentido dando la razón a los ayuntamientos.

La trascendencia de la sentencia es que abre el camino a que otros consistorios, que interpreten que hay líneas eléctricas por encima de sus terrenos, puedan aplicar tasas similares, con una delimitación clara y una aplicación justa del gravamen según la sentencia del Supremo. Y es importante que ayuntamientos con presupuestos limitados y apuros financieros puedan disponer de una nueva fuente de ingresos, porque es evidente que las eléctricas se aprovechan de su instalación y que los ayuntamientos soportan unas servidumbres por las líneas que atraviesan sus terrenos que deben ser compensados como sucede con otras infraestructuras públicas. Teniendo en cuenta que estamos ante una sentencia del Supremo, no parece plausible que haya recursos de las eléctricas y de hecho algunos ayuntamientos como La Torre de Capdella ya han anunciado que pondrán al cobro este gravamen este mismo ejercicio. Al fin y al cabo, parece lógico que los ayuntamientos que han tenido que asumir el coste social de acoger pantanos o líneas eléctricas en su término reciban compensación por quien obtiene beneficio de la infraestructura.

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