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EDITORIAL
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¿Quién le devuelve estos dos años?

Actualizada 25/04/2019 a las 09:53

Después de 643 días en prisión, casi dos años de su vida, con el patrimonio embargado, su reputación en entredicho, sin poder desarrollar sus actividades profesionales y su familia destrozada, porque también su mujer estaba acusada, la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, y otros cinco acusados, de los delitos por los que había sido imputado, un supuesto blanqueo de dinero por el cobro de comisiones de los derechos audiovisuales de la selección brasileña y un contrato de patrocinio con Nike. Le pedían nada menos que once años porque en una instrucción, que ahora se antoja kafkiana, llegaban a incluir cargos por organización criminal, que después en la vista oral se redujeron a seis años y ahora los jueces consideran que no hay pruebas que acrediten la existencia de comisiones ilegales y no descartan que se trate de “retribuciones por actividades de negocio no reprochables penalmente”, por lo que sentencian aplicando el principio de in dubio pro reo y decretan la absolución de todos los acusados. Lo grave del caso es que desde el primer momento la juez instructora, Carmen Lamela, y también la Fiscalía dieron por ciertas las sospechas sobre las comisiones clandestinas y los posibles sobornos, decretando el embargo del patrimonio de los implicados y también su prisión preventiva, que se ha prolongado durante estos casi dos años pese a las reiteradas peticiones de libertad hechas por la defensa, denegadas hasta en trece ocasiones, con el agravante de que incluso se rechazó para el socio de Rosell, Joan Besolí, de nacionalidad andorrana y cuyo hijo sufrió un accidente que le dejó tetrapléjico. A la posible vulneración de la presunción de inocencia de los encausados se añade una flagrante falta de humanidad de la que alguien tendrá que responder porque nadie puede devolver a los ahora absueltos los dos años de cárcel y de sufrimiento. Es evidente que ha habido un abuso de la prisión preventiva, una medida cautelar que puede tener justificación en casos concretos para evitar la fuga o la reiteración del delito, pero tiene que haber pruebas fundadas y no meras sospechas, y hay que reflexionar porque ha fallado el sistema judicial, se ha demostrado la injusticia de esta prisión preventiva y alguien tendría que indagar sobre la equidad de la actuación de la jueza Lamela. Pero, desgraciadamente, nadie podrá devolver a Rosell estos dos años de cárcel.

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