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Diez años después de que el PP presentara el recurso, el Tribunal Constitucional lo ha rechazado, avalando el modelo lingüístico recogido en la Ley de Educación de Catalunya, que fue aprobada en tiempos del tripartito con un amplio consenso (103 votos a favor de PSC, CiU y ERC y 26 en contra), pero rechazando diez de los 38 artículos, que en principio no tienen por qué afectar al espíritu de la ley. El retraso del tribunal en pronunciarse hace que buena parte de los artículos tumbados lo sean por no adaptarse con la ley española que en el momento de aprobarse la ley catalana era la LOE, sustituida años después, en 2013, por la LOMCE, que fue promovida por el PP y el ministro Wert con cambios significativos que evidentemente no se conocían en el momento de aprobarse la ley catalana y que ha sido desmantelada por diversas sentencias y por los cambios políticos experimentados. Lo sustancial del fallo es que se desestiman las impugnaciones del PP contra el modelo lingüístico de la ley catalana y que ni siquiera se pronuncia sobre la inmersión porque no se recurrió el artículo 11 de la ley, el que establece el uso del catalán como lengua vehicular, que no se cuestiona y queda intacto después de otras sentencias favorables. En este sentido, la sentencia es positiva para el modelo catalán, que con la aprobación de la ley, antes y después, ha contado con un amplio consenso sin discutirse en ningún momento el carácter vehicular del catalán y, de hecho, se mantienen los artículos que hacen referencia a la atención específica a los alumnos nuevos que no conozcan este idioma o a la necesidad de reforzar el catalán y su aprendizaje como “lengua propia de Catalunya”. Los artículos suspendidos hacen referencia a la superposición con la norma del Estado en lo referente a los ciclos de primaria, la regulación del bachillerato o la estructura de los cuerpos docentes y su integración, pero en todos los casos son cuestiones técnicas que no afectan al espíritu de la ley y cuyo desarrollo quedará marcado por el resultado de las elecciones del domingo. Es decir, que el Constitucional avala el modelo educativo regulado por la ley, no cuestiona en ningún momento la inmersión lingüística, ni el carácter vehícular del catalán en la enseñanza, pero sí establece que debe adaptarse a determinados criterios de la regulación española, que ha ido cambiando cada poco tiempo y que vuelve a estar en juego en las elecciones del domingo.

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