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EDITORIAL
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Relevo en la UdL

Actualizada 23/05/2019 a las 09:50
Después de ocho años al frente de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández cedió la vara de rector a su sucesor, Jaume Puy, con el reconocimiento de que tenemos una universidad más competitiva, mejor equipada, con más proyección e incluso más cohesionada que la que recibió. Pese a las críticas de algunos sectores y a momentos complicados como la ocupación del rectorado, hay que reconocer que durante el mandato de Fernández se han mejorado los equipamientos, con nuevos edificios para Biomedicina, el aulario de Cappont y sobre todo la facultad y el hospital de Veterinaria, se han conseguido nuevas titulaciones con dobles grados, se ha ampliado el campus con delegaciones en Igualada, Barcelona y Madrid que han mejorado la proyección de la UdL, a la que también ha contribuido la elección del rector Fernández como presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Y también es destacable que en estos ocho años la universidad leridana ha mejorado en todos los rankings que se elaboran a nivel estatal sobre calidad docente, investigación y preparación del profesorado. Son hitos a reconocer, pero el mayor mérito del rector saliente es que, pese a la situación que vivimos en Catalunya, deja un equipo cohesionado en el que conviven todas las sensibilidades, que se han superado las diferencias políticas que marcaron buena parte de sus dos mandatos y que al margen de ideologías hay un equipo dispuesto a seguir trabajando por mejorar la universidad. Es, sin duda, su mejor legado.

Accesibilidad en el Congreso

En el mismo Congreso que aprobó el 4 de diciembre de 2017 una ley de accesibilidad que obligaba a suprimir las barreras arquitectónicas para personas con alguna discapacidad tuvimos que ver como el presidente de la mesa de edad tenía que subir las escaleras hasta el escaño que ocupaba el diputado Pablo Echenique para que pudiera ejercer el voto. Es lamentable que la misma institución que aprueba una ley después la incumpla y que un diputado con discapacidad no pueda ejercer su función en las mismas condiciones que el resto del Congreso.
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