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EDITORIAL
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Una normativa mejorable

Actualizada 19/06/2019 a las 09:27

A la vista de la polvareda levantada por la elección de algunos alcaldes el pasado sábado, que ya se ha traducido en abandono del partido por el que ha sido elegido, caso de Manuel Valls y Ciudadanos en Barcelona, o en el anuncio de mociones de censura al día siguiente de la elección de alcalde, como se anuncia por ejemplo en Huesca, o en enfrentamientos directos entre socios de gobierno, caso de JxCat y ERC, es previsible que vuelvan a reproducirse las críticas al actual sistema electoral y exigencias para que se modifique la fórmula de elección de alcaldes. En los grandes países de Europa, la elección de alcaldes se hace de forma directa y en algunos, como Alemania, con listas abiertas o eligiendo preferencias en Inglaterra, y en caso de que no se llegue a la mayoría se opta por una segunda vuelta como sucede en Francia o en Italia, pero aquí en España se apostó desde las primeras elecciones municipales en 1979 por un sistema de elección indirecta en que los ciudadanos escogen a los concejales y son estos los que eligen a los alcaldes. Eran los albores de la democracia y se buscaba consolidar a los partidos como vía de participación y también respetar la pluralidad en los consistorios, pero ya entonces surgieron las críticas cuando el pacto de la izquierda, PSOE y PCE, les permitió hacerse con los ayuntamientos de las grandes capitales pese a que había sido UCD la formación más votada. La historia se ha ido repitiendo en cada convocatoria y siempre son quienes pierden la alcaldía pese a ser los más votados los que reclaman cambios para impedir lo que en su opinión es una alteración de la voluntad de los vecinos expresada en las urnas. La cuestión es cómo interpretan los partidos, o los concejales si obedecen las instrucciones, la voluntad de los electores o si priman más las características locales o la compatibilidad entre posibles socios aunque sean de posiciones enfrentadas. Tan polémica ha resultado la traslación a toda España del pacto de la derecha, Vox incluida, como la existencia de líneas rojas de negociación, por ejemplo el apoyo a los partidos del 155 en Catalunya, que se han saltado cuando a los negociadores les ha interesado, como ha sucedido por ejemplo en Cervera o Tàrrega, por citar dos ejemplos próximos de la treintena larga de casos que se han dado en Catalunya con reproches entre JxCat y ERC. Aunque no corran los mejores tiempos para debatirlo, es evidente que la normativa actual es mejorable.

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