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Diez días después de que el incendio quedara controlado, ya hay un balance oficial de los daños provocados por el fuego en la Ribera d’Ebre, Les Garrigues y el Segrià: 5.046 hectáreas quemadas, de las que 953 corresponden a terreno agrícola y más de cuatro mil son forestales, ardieron ochocientos hectáreas de olivar y el resto de almendros, con unos 300 payeses damnificados de las cooperativas de la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol, Bovera, La Granadella, Maials, Fruits Secs Les Garrigues y Unió Fruits. Las fotos publicadas muestran la desolación provocada por el fuego y se calculan las pérdidas en 5.5 millones de euros en unas comarcas ya deprimidas y despobladas. Se calcula que la producción se reducirá esta campaña entre el 10 y el 45 por ciento de la prevista, según los municipios afectados, y que los daños tendrán continuidad en las próximas campañas hasta que los árboles vuelvan a recuperar el potencial productivo y hay que añadir los daños provocados en sistemas de riego, material y maquinaria destrozados y replantaciones. Parece más que justificado que desde las administraciones se vuelquen para intentar reparar el daño sufrido, abrir líneas de ayuda que permitan recuperar la capacidad productiva y, sobre todo, ofrecer a los afectados unas condiciones favorables para que puedan continuar su actividad y evitar que tras el fuego llegue la despoblación. Así lo prometieron el president de la Generalitat y la consellera de Agricultura, que anunciaron un plan de choque inmediato atendiendo las peticiones de los afectados que pedían desde medidas fiscales, como la reducción de módulos del IRPF o las cuotas a la Seguridad Social, a estrictamente agrícolas, como la replantación de olivos o ayudas concretas como zona desfavorecida. Pero, sobre todo, pedían celeridad en las medidas y simplicidad en su tramitación porque la memoria es frágil y con el tiempo se difuminan las promesas y se olvida la conmoción del momento. Que sirvan de recordatorio las quejas de los afectados por el incendio del Empordà en 2012 de que tuvieron problemas con la burocracia, con la lentitud de las subvenciones, que llegaron parcialmente cuando ya habían reconstruido las granjas por su cuenta y con casos como el de Llers, donde se quemó el 74 por ciento del término y no llegó ninguna ayuda, según denunció el mismo alcalde. Que los errores cometidos allí sirvan para no repetirlos aquí.

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