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El independentismo catalán ha sido siempre pacífico y ha hecho bandera del rechazo a la violencia en todas sus movilizaciones y, evidentemente, la actuación de unos pocos no puede manchar la trayectoria del colectivo, pero en las manifestaciones convocadas el martes, una minoría radicalizada recurrió en nombre de la independencia a actuaciones violentas con barricadas, ataques al mobiliario urbano y lanzamientos de diversos objetos contra los mossos, que respondieron con unas cargas policiales que no habíamos vivido en Lleida en muchos años. No fueron hechos aislados porque se produjeron simultáneamente ante las cuatro subdelegaciones y parece evidente que estos grupúsculos acudieron a las concentraciones con material preparado en un intento de radicalizar las protestas, llevar a la calle el “cuanto peor, mejor” y trasladar a Catalunya prácticas de “kale borroka”. Habrá que preguntarles si piensan que quemando contenedores o rompiendo farolas favorecen la libertad de los presos o se avanza hacia la independencia de Catalunya, si recurriendo a la violencia no hacen el juego a quienes reclaman más mano dura, o incluso si paralizando el país o dejando los empleos como reclamaba un exconseller le provocan algún inconveniente a los gobernantes de Madrid o perjudican a Catalunya y sus ciudadanos. El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y la mayoría de dirigentes independentistas condenaron estos brotes violentos, al tiempo que reiteraban las críticas a la sentencia y el derecho de los catalanes a protestar y manifestarse, pero haría bien el movimiento independentista en aislar a estos grupos violentos porque desvirtúan el procés, no representan a la mayoría del colectivo y, además, con su actuación perjudican sus legítimas reivindicaciones. Y especial interés en apartar a los violentos debería tener el gobierno de la Generalitat que por una parte alienta las protestas y las manifestaciones contra la sentencia y por otra tiene la responsabilidad de mantener el orden público y garantizar el funcionamiento de las infraestructuras, la economía y la vida ciudadana, algo incompatible con la violencia. De la misma forma que decíamos el martes que los jueces no están para arreglar los problemas políticos, también es evidente que con barricadas y disturbios tampoco se arreglará ningún conflicto, al contrario, se multiplicarán. En momentos como este es más necesario que nunca calma y mucho diálogo.

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