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EDITORIAL
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El ojo que todo lo ve

Actualizada 04/11/2019 a las 12:35

Hoy en día, hay pocas cosas tan normales como acceder a una web o a las redes sociales. Buscamos todo tipo de información, hacemos compras, gestiones bancarias, colgamos fotos, damos opiniones... Un sinfín de acciones que dejan nuestra huella en la red. Habría que ver hasta qué punto los usuarios son conscientes de que Google, Facebook o Twitter –solo para citar algunas de las más conocidas– no son internet, sino empresas que cobran un peaje en forma de uso de datos de las personas que acceden a la red a través de ellas. Es un negocio muy rentable, como lo demuestra el hecho de que el valor de estas compañías se ha disparado. Una de sus principales prácticas son los anuncios publicitarios que se ajustan a las preferencias que cada usuario explicita cuando navega por internet. Pero al margen de esta práctica, que podría entenderse como el retorno que obtiene la empresa a cambio del uso gratuito de sus servicios, el problema es la pérdida de control sobre los datos personales y la nebulosa que existe sobre la utilización que hacen de ellos las empresas, así como la falta de garantías sobre su confidencialidad, como quedó de manifiesto cuando el exempleado de la CIA Edward Snowden destapó un programa de vigilancia masiva sobre la población mundial por parte de las agencias de inteligencia de EEUU y otros países. La pérdida del control sobre estos datos ha vuelto a ser objeto de debate a raíz de que el Instituto Nacional de Estadística haya anunciado que durante ocho días va a rastrear la ubicación de los españoles a través de sus móviles para estudiar sus pautas de desplazamiento, para lo que ha pagado medio millón a tres operadoras de telefonía. Asimismo, la celebración del día de los difuntos ha servido para hacer patente que, si no se toman medidas, como la designación de un heredero que gestione el legado digital, nuestros datos seguirán en las redes por los siglos de los siglos. La Generalitat aprobó una normativa para regular este aspecto, anulada en parte por el TC, y el Congreso de los Diputados también, aunque de forma más difusa. Ahora bien, hay que preguntarse si las normas que Catalunya o España establezcan en este y otros campos que afectan a internet servirá para que compañías que operan y difunden nuestros datos en todo el mundo se atengan a ellas. El reto de garantizar la privacidad en internet es mayúsculo, y difícilmente se superará sin una legislación de ámbito internacional.

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