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EDITORIAL
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El desbloqueo de la N-240

Actualizada 07/11/2019 a las 09:43
El tramo entre Lleida y Montblanc de la N-240 es históricamente uno de los puntos negros del tráfico por carretera al que hasta ahora solo se han aplicado parches como el desvío de camiones entre Les Borges y Montblanc por la AP-2 o estudios de desdoblamiento o de rotondas que no solucionan el problema. Lo que sí podría arreglarlo de una forma definitiva y segura es el rescate del peaje en la autopista con la subsiguiente liberalización del tráfico, algo que debería hacerse realidad en agosto de 2021 cuando concluyen las concesiones que actualmente tiene el grupo Abertis para los tramos que discurren entre Zaragoza y El Vendrell de la AP-2 y el que va de Tarragona a La Jonquera en la AP-7. La intención actual del ministerio de Fomento es que finalice el peaje e incorporar las autopistas a la red de autovías públicas y para ello ha encargado un estudio del que dábamos cuenta ayer para hacer un análisis de movilidad y de los costes necesarios para adaptarlas a la demanda existente con nuevos enlaces o posibles carriles adicionales. Es un primer paso imprescindible para hacer efectiva la liberalización que además confirma la intención del rescate descartando una posible prórroga de la concesión como se había hecho en otros tramos. Aunque haya que esperar año y medio para los problemas de tráfico en la N-240 sería una buena solución con la que todos están de acuerdo que redundaría en más seguridad y en menos accidentalidad.

Sánchez y los fiscales

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, aseguró en el debate que se comprometía a traer de vuelta a Puigdemont para que rinda cuentas ante la justicia española, y ayer intentando aclarar su frase se metió en un lío al explicar que la Fiscalía ha activado la euroorden, preguntándose “de quien depende la Fiscalía, del Gobierno, pues ya está”. Su comentario ha provocado críticas políticas y también el enfado de los fiscales que a través de sus tres asociaciones han recordado al presidente que no están al servicio del Gobierno. Ha sido una torpeza porque Puigdemont ha eludido la justicia española, pero quienes deciden si lo traen serán los jueces.
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