Corrupción con el dinero del paro

Dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que también fueron ministros del gobierno español, han sido condenados a nueve años de inhabilitación el primero y seis años de cárcel y quince de inhabilitación el segundo por su participación en el caso de los ERE, uno de los mayores escándalos de corrupción que se han padecido en España. Nada menos que 19 de los 21 altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados han sido condenados con penas de cárcel para otros nueve exconsejeros y altos cargos en una sentencia que ratifica las acusaciones de la Fiscalía y considera culpables en diversos grados de prevaricación y malversación a las cúpulas de las consejerías de Empleo, Presidencia y Economía de los primeros años de este siglo, con nombres ilustres de la política española como la exministra Magdalena Álvarez o Gaspar Zarrías, exconsejero y hombre fuerte del PSOE andaluz. La sentencia considera probado que fue la misma Junta de Andalucía la que autorizó un sistema fraudulento para conceder subvenciones a empresas en crisis y pagar el coste que suponían los expedientes de regulación de empleo, sin los necesarios mecanismos de control, lo que permitió que se beneficiaran de la prejubilación personas que no habían trabajado nunca en las empresas en crisis, creándose una red clientelar que se beneficiaba del dinero público. Así, se considera probado que al menos 141 personas se prejubilaron de unas empresas en las que no habían trabajado con un coste para las finanzas andaluzas de 12 millones de euros, del total de ayudas gestionadas durante la década, 680 millones, “con un descontrol absoluto”. A diferencia del caso Gürtel, en que también se condenó al PP por financiación ilegal, en este caso no hay referencias al PSOE, ni se establecen vínculos con su financiación, pero por mucho que ayer los dirigentes socialistas se desmarcaran explicando que nunca trataron de ocultarlo, que son hechos del pasado y que no afecta ni al gobierno, ni al partido actual, es una mancha negra en su historial y en el de la Junta. Lamentablemente, se utilizó dinero público que debía ser destinado a la lucha contra el paro para beneficio y lucro particulares con episodios que resultan vergonzosos e incompatibles con la más elemental ética política. Es una de las consecuencias de los 23 años al frente de la Junta del tándem Chaves-Griñán y el fracaso de los controles públicos.