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EDITORIAL
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Criterios técnicos

Actualizada 13/12/2019 a las 09:13

Para desmentir a quienes desde Madrid denunciaban sistemáticamente trato de favor a los dirigentes del procés presos, las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses, donde están internados, han debatido, han aplicado los reglamentos y han propuesto su clasificación en segundo grado, es decir, seguirán en régimen cerrado aunque quedan abiertas opciones para salir de la prisión, y no en tercer grado, que representa una semilibertad en la que solo regresan a la prisión a dormir. Los presos cumplían la mayoría de requisitos que se exigen para conceder el tercer grado como buen comportamiento, arraigo familiar, actividad social o trabajo fuera de la prisión, aunque no han llegado a cumplir la cuarta parte de la condena que algunas juntas reclaman para condenas superiores a cinco años, aunque hay algunos precedentes, nueve desde 2001, de que se ha concedido el tercer grado en condenas superiores a los nueve años. En consecuencia, las juntas de tratamiento han optado por el segundo grado que previsiblemente ratificará la Generalitat, que lo hace en un 95 por ciento de los casos, porque el tercer grado hubiera sido directamente recurrido por la fiscalía y la última palabra sobre su situación la hubiera tenido el Supremo. No obstante, el segundo grado también abre vías para que los presos puedan salir a la calle porque los artículos 100.2 y 117 les permiten salir de la prisión sin necesidad de haber cumplido un tiempo mínimo de condena para hacer determinados trabajos o tareas de voluntariado y más permisos, en una decisión que corresponde a la administración penitenciaria y debe ser validada por el juez de vigilancia penitenciaria. Es la vía a la que se acogieron, entre otros, Oriol Pujol e Iñaki Urdangarin, y que cada año se aplica en cárceles dependientes del ministerio de Interior a 900 reclusos, por lo que no sería ninguna excepcionalidad y solo obligaría a los presos a ir a la cárcel a dormir. Ahora falta que la conselleria de Justicia corrobore la decisión de las juntas de tratamiento antes de los dos meses de plazo y que se alivie la situación de los presos, porque aunque se discrepe de la sentencia y se consideren extremadamente duras las condenas como es el caso, hay que respetar el marco legal y al margen de polémicas estériles, lo correcto es disipar las acusaciones de trato de favor, aplicar criterios técnicos como se ha hecho.

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