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La Junta Electoral Central aprobó ayer ejecutar la inhabilitación de Quim Torra, al considerar que el hecho de que el President esté condenado por un delito de desobediencia es suficiente para retirarle el acta del diputado catalán, pese a que esa condena aún no es firme. Tal decisión es del todo discutible porque la JEC, aunque esté en gran parte integrada por jueces, es una instancia administrativa, no judicial, y solo puede inhabilitar un tribunal con sentencia firme. Su orden de dejar sin efecto la credencial del President Torra deja en evidencia la separación de poderes porque no solo pasa por encima de instancias superiores del Poder Judicial como el TSJC, que es al que correspondería la decisión una vez fuera firme a instancias del Supremo, sino que también atropella el poder legislativo, es decir, al Parlament de Catalunya. En definitiva, otro despropósito legal que puede deshacer la sala tercera del Supremo, pero que, de momento, ya dinamita antes de comenzar las esperanzas de nuevos tiempos de diálogo que prometen desde el PSOE y ERC. Al margen de cuestiones jurídicas, que ajustándose a derecho parecen evidentes, lo que aparenta ser esta decisión de la Junta Electoral Central es un misil para hacer naufragar la solución política al conflicto catalán. Minutos más tarde, resolvía que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado porque “son inelegibles los condenados con sentencia firme”, contradiciendo la sentencia del Tribunal Europeo, superior a todos los efectos a este órgano, y obviando que cuando fue elegido no estaba ni mucho menos condenado. Un despropósito tras otro.

Los residuos del Segrià La situación de algunos municipios del Segrià, que andan a la caza y captura de vecinos de poblaciones próximas, con recogida puerta a puerta, que depositan la basura en sus contenedores de islas debe ser motivo de reflexión. Porque si es del todo lógico que los residentes de los ayuntamientos receptores no estén dispuestos a pagar los residuos que no corresponden a sus ciudadanos, también es obvio que no se puede multar a nadie por tirar basura en un contenedor público.

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