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Las derivadas del conflicto catalán y su judicialización están generando situaciones nunca vividas ni en España ni en Europa, y en algunos casos ni siquiera contempladas en el ordenamiento vigente, provocando confusión ya no solo entre la ciudadanía sino en los mismos expertos jurídicos y políticos. Así, el mismo día en que un portavoz de la Comisión Europea declara que las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no son opcionales, sino de obligado cumplimiento refiriéndose a la que reconocía los derechos de Oriol Junqueras, por la tarde el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, anuncia la retirada de la condición de eurodiputado para Junqueras a partir del 3 de enero, fecha en que la Junta Electoral Central le notificó su inhabilitación tras la condena del Supremo. El mismo Sassoli se había apresurado a reconocer a Junqueras como eurodiputado y ahora cabe preguntarse en qué ha quedado la resolución del tribunal europeo, que consideraba eurodiputado al líder republicano al margen de su situación procesal. No es menor el lío generado sobre la situación de Quim Torra tras su condena a inhabilitación por los lazos amarillos por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, recurrida posteriormente ante el Supremo, y las posteriores resoluciones de la Junta Electoral, que le inhabilita como diputado e incluso ayer mismo dejaba vacante su escaño. Pero Torra considera que sigue siendo diputado y president de la Generalitat y el presidente del Parlament avala su tesis al considerar que la sentencia no es firme y la Junta no es competente para anular la condición de diputado y que el reglamento del Parlament no contempla la “ilegibilidad sobrevenida”. Queda para un debate posterior si se puede presidir la Generalitat sin ser diputado, vía abierta por la misma JEC y rechazada por Torrent, aunque parece una consecuencia obvia de la exigencia de que sea elegido entre los titulares de un acta de diputado, como muestra de las contradicciones en que estamos sumidos. Como todo está recurrido y pendiente de nuevas interpretaciones, todo puede pasar, pero no es buena la incertidumbre que se está creando y que afecta a la estabilidad de instituciones como la misma Generalitat, ni que la política esté marcada por las resoluciones judiciales. Convendría volver a la política, no forzar leyes y reglamentos y no acudir permanentemente a los jueces, sino negociar y dialogar.

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