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Han pasado casi cuatro meses desde el temporal de octubre que asoló buena parte de las infraestructuras de Les Garrigues y también afectó a zonas del Pla, la Segarra y el Segrià y el recorrido por las zonas destrozadas sigue siendo desolador: aún quedan coches en zonas fluviales, las carreteras continúan sin ser reparadas, algún tren que se quedó sin vías sigue parado en la estación de Les Borges, evidentemente las vías siguen sin reparar y el transporte ferroviario tiene que hacerse en algunos tramos por autobús y la única obra que recibió una ayuda de Cultura, 50.000 euros para retirar el agua del yacimiento de Els Vilars, volvió a inundarse por los efectos del nuevo temporal Gloria. Las cosas están como quedaron y si se ha arreglado algo ha sido por la iniciativa de los ayuntamientos, los que disponen de menos presupuesto pero padecen más de cerca los efectos de los destrozos. El resto de administraciones prometió muchas ayudas e intervención inmediata, pero cuatro meses después todo queda en buenas palabras tras la tormenta y muy pocos hechos en la práctica. No es la primera vez que sucede tras una desgracia que los políticos se apresuran a mostrar su solidaridad anunciando ayudas inmediatas y planes especiales de recuperación que se diluyen con el tiempo, y a las quejas de los damnificados por los incendios se añaden ahora las protestas de los perjudicados por las inundaciones con el agravante de que en los últimos meses se han sucedido inclemencias meteorológicas que han multiplicado los daños y han convertido en habituales los desprendimientos en decenas de carreteras que por sus características geológicas pueden repetirse periódicamente. No es cuestión de dudar sobre las buenas intenciones de los políticos cuando prometen ayudas inmediatas después de la catástrofe, pero sí que habría que revisar los mecanismos burocráticos e incluso presupuestarios que dilatan tantos meses la llegada de estas ayudas porque cualquier administración pública ha de ser rápida y eficaz y disponer de los instrumentos necesarios para afrontar estas situaciones de emergencia. Si queremos que los ciudadanos sientan como suyas a las instituciones, estas han de responder con celeridad ante estas catástrofes, porque lo contrario solo crea distanciamiento y escepticismo frente a nuevos casos. Y en los que nos han afectado, los únicos que de momento han reaccionado han sido los ayuntamientos.

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