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El Consejo de Ministros dio ayer el primer paso para aprobar la ley contra las violencias sexuales que impulsa el departamento que dirige Irene Montero. El texto, por el que desaparece el abuso sexual, pone el consentimiento de la mujer en el centro de toda relación y cualquier penetración sin su voluntad expresa pasa a ser violación. Lo define como una manifestación libre “por actos exteriores, concluyentes e inequívocos” de la voluntad de “participar en el acto”. El anteproyecto ampara a las mujeres a partir de los 16 años que hayan sufrido violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado o trata con fines de explotación. La nueva normativa contemplará también modificaciones en el Código Penal, como la tipificación del acoso callejero como un delito leve, con pena de localización permanente, trabajos comunitarios o multa, y prevé cambios en las penas de delitos sexuales. Hasta ahora, para que haya agresión sexual debe haber violencia e intimidación. En caso de lo contrario, se consideraba solo un abuso, lo que provocó la reacción masiva de millones de mujeres en toda España cuando el tribunal de Navarra condenó solo por abusos a los integrantes de la Manada, que violaron grupalmente a una joven y después difundieron las imágenes. A raíz de esa protesta multitudinaria, que colmó las injusticias padecidas por muchísimas mujeres cuando acudían a los tribunales a denunciar una violación, se inició el cambio legislativo que está ahora en su tramo final. Una reforma necesaria para que las víctimas no sean doblemente agraviadas, primero por su agresor y después por un sistema judicial anclado en el pasado y en el patriarcado. También cabe destacar que se añade como agravante que la víctima sea pareja o expareja del agresor o que este anule su voluntad mediante el suministro de sustancias. También lo son que la agresión sea grupal, que exista un trato degradante o violencia extrema o que la víctima sea especialmente vulnerable. Esta remodelación ayer iniciada demuestra, una vez más, el poder de la calle ante el inmovilismo y conservadurismo del sistema judicial. El terrorismo doméstico y el machismo siguen siendo el pan de cada día en el mundo en que vivimos y las agresiones sexuales son uno de sus principales exponentes, por ello cabe aplaudir todas las iniciativas como esta que pretenden un mundo igualitario entre hombres y mujeres. Es de justicia.

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