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Aún no hemos superado la crisis sanitaria, ni se atisba cuándo empezará la normalización del funcionamiento económico y el Fondo Monetario Internacional se ha apresurado a emitir un informe augurando que nos acercamos a la peor de las situaciones económicas. Anuncia que la economía mundial bajará un 3 por ciento, con especial incidencia en las economías de Italia, que retrocederá un 9,1 por ciento, España, descenso de un 8 y un 7,5 por ciento de bajada media en la Unión Europea, y un espectacular incremento del paro, que en nuestro país sería nada menos que del 21 por ciento. Y este solo es uno de los escenarios que contempla porque aún puede empeorar si la salida de la pandemia se alarga o se complica. O sea que el FMI certifica lo que ya todos sabíamos o intuimos: que estamos ante la peor crisis económica de nuestra historia, pero lo que no nos dicen los expertos de este organismo internacional es qué tenemos que hacer para superar la recesión que se nos avecina, cuánto dinero inyectará y cuántas ayudas facilitará a los países que lo necesiten, que por sus previsiones son todos excepto China, el origen de la pandemia, que paradójicamente es el único país que crecerá en este año. El FMI ha sido siempre el defensor de la ortodoxia del sistema y ha sido muy criticado tanto por su papel en los países en vías de desarrollo como por su rigidez en el control del endeudamiento público de los Estados, con un papel más que discutible en la gestión de la crisis de 2008 y siempre aliado con los poderosos y los territorios más ricos. Pero tampoco es cuestión de descalificar al mensajero porque la gravedad de la crisis es evidente y lo que hace falta es que quien dispone de mecanismos de liquidez y reactivación del mercado los utilice de inmediato para conseguir que al menos la recuperación sea en forma de V, con crecimiento en cuanto se recupere la normalidad sanitaria, y no en forma de L o de U como podría suceder si los más poderosos no son solidarios y si los sectores públicos no aplican políticas expansivas que favorezcan a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, facilitando la máxima liquidez, flexibilizando la fiscalidad, no solo con aplazamientos como están haciendo todos hasta ahora, sino con condonaciones en determinados casos, pagando en los plazos previstos a las empresas que trabajan con las administraciones y abaratando costes de cara a la creación de empleo.

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