La monarquía, investigada

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar la actuación del rey emérito Juan Carlos I en relación con el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas del AVE a La Meca, que hasta ahora estaba en manos de Anticorrupción y de la justicia suiza. Según la nota hecha pública por la fiscalía, la investigación se centra en “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, en que Juan Carlos abdicó y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, y pasó a ser imputable aunque conserva la condición de aforado, por lo que la investigación tiene que hacerse desde el Supremo. Los hechos investigados se refieren a la segunda fase de la adjudicación del AVE entre Medina y La Meca y las sospechas sobre el cobro de comisiones del rey emérito que surgieron en conversaciones grabadas por el comisario Villarejo a la amiga del rey Corinna Larsen sobre el regalo de un terreno en Marruecos y diversas donaciones, investigadas también por la justicia suiza, hechas por fundaciones a las que estaba vinculado Juan Carlos. La publicación de las actividades de estas fundaciones radicadas en paraísos fiscales el pasado mes de marzo al inicio de la pandemia provocó que su hijo y actual rey Felipe VI renunciara a su herencia y le retirara su asignación con un duro comunicado en el que cuestionaba su actuación. Ahora será el Supremo quien investigará las posibles responsabilidades, aunque lamentablemente acotadas al periodo que va desde 2014, sin tener en cuenta lo sucedido con anterioridad y que está bajo el manto absurdo de la inviolabilidad, una figura semifeudal y trasnochada en un ordenamiento democrático que se jacta de que todos somos iguales ante la ley. La monarquía no se ha salvado de la sombra de la corrupción que ha salpicado a casi todas las instituciones españolas y no debería parapetarse tras privilegios que parecen consustanciales a su esencia, sino adaptarse a los tiempos que corren, asumir con transparencia las posibles responsabilidades y buscar la forma de demostrar su supuesta utilidad a los ciudadanos que la financiamos. El debate sobre la monarquía en España se cerró durante la transición sin más discusión y como algo inevitable, pero a la vista de los hechos, más pronto que tarde habrá que preguntar qué piensan los españoles sobre esta figura.