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La patronal CEOE y el sindicato UGT han aprobado la última propuesta del Gobierno para prolongar los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) hasta el 30 de septiembre. El Gobierno celebrará hoy un consejo de ministros extraordinario para rubricar el real decreto que los prolongará, así como la prórroga de la prestación para los autónomos por cese de actividad, hasta la misma fecha. En un comunicado, la CEOE señaló que “aprueban la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo” y añade que “consultados los órganos de Gobierno este jueves, se ha dado un apoyo unánime a la propuesta, en tanto que presenta importantes avances respecto a la inicial. Sin embargo, seguimos trabajando para que en el mes de septiembre podamos abordar cómo se afrontará el último trimestre del año, siempre con el deseo compartido por las partes de que para entonces se haya recuperado toda la actividad posible”. Por otra parte, tanto UGT como CCOO señalaron que la valoración del acuerdo es “muy positiva” para los trabajadores. Sin duda, esta fumata blanca, tras días de conversaciones y estira y afloja, es una buena noticia, tanto para los empleados como para las empresas, ya que ambos son imprescindibles para poder enfocar con una mínima esperanza los difíciles meses que tenemos por delante. Una vez superado el punto más dramático de la pandemia, asegurar el empleo y, consecuentemente, la supervivencia del tejido empresarial y pymes, es la clave para que las previsiones del Fondo Monetario Internacional no se cumplan al cien por cien, o al menos que su vaticinio no comporte la ruina de muchos sectores como provocó la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008. Ahora hay liquidez, y no nos cansaremos de reiterar que lo vital en estos momentos es inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, como en su día se hizo con los bancos. Es la única forma de no propiciar una quiebra colectiva de la economía y destruir los cimientos de la recuperación económica que con mucho esfuerzo se había iniciado después del crack del 2008. Las administraciones tienen la obligación de priorizar la sociedad del bienestar y el bien común de todos los ciudadanos, entre otras cosas porque de la recuperación de las clases trabajadora y media depende también toda la cadena financiera y social que mantiene nuestra economía.

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