SEGRE

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El índice de rebrote sigue creciendo en muchas poblaciones de toda Catalunya y en España, con los peores registros de nuevos casos de toda Europa. La situación es alarmante. La Generalitat se marca un plazo de tres semanas para frenar la expansión de la Covid-19 a las puertas de un septiembre en el que se retomará la actividad laboral y escolar. En esta línea, el president de la Generalitat, Quim Torra, anunció ayer la prohibición de las reuniones sociales de más de 10 personas en todo el territorio, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público (pero no las reuniones de tipo laboral ni los desplazamientos), y durante, como mínimo, 15 días. Asimismo, se mantienen las restricciones al ocio nocturno y la obligatoriedad de mantener el metro y medio de distancia en los locales de hostelería. Estas medidas entran en vigor de forma inmediata. El Govern también avanzó que prevé hacer medio millón de tests PCR en las escuelas catalanas entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre para evaluar la situación epidemiológica. Se trata de un cribaje poblacional a partir de los centros educativos, que bajarán la ratio de 25 a 20 alumnos o menos, mascarillas obligatorias a partir de los 12 años y con un protocolo concreto que hoy explicará Educación. No hay confinamientos sectoriales ni cierre de la restauración como se hizo en Lleida en julio, aunque sí reducción al 50% de la hostelería en aquellas zonas con más riesgo. Nos alegramos del cambio de criterio del gobierno catalán porque prevenir es siempre mejor que curar y porque hay que hacer compatible la contención del virus con la economía y las aulas, pero está claro que estas pruebas masivas para la detección y aislamiento de asintomáticos o casos leves hubieran tenido que aplicarse también en el Segrià a principios del verano. Los municipios del Baix Segre llevaban meses pidiendo ayuda para evitar que la movilidad y gran contingente de personas que comporta la campaña de la fruta se convirtieran en un peligro para la salud pública. Pero nadie les escuchó y dejó patente el escaso peso político de Ponent en la toma de decisiones. Los representantes públicos de nuestras comarcas no supieron activar a tiempo la prevención a la que la campaña obligaba y cuando los rebrotes se dispararon ya era tarde para actuar quirúrgicamente. Esperemos que al menos haya servido de experiencia.

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