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Más del 60 por ciento de los positivos de los brotes de Covid-19 activos en España son jóvenes y asintomáticos, aseguraba Margarita del Val, viróloga del CSIC a mediados de julio. “Esto es bueno porque no hay tanta gente que enferma pero a la vez es problemático porque quiere decir que la transmisión es silenciosa”, añadía. A partir de estos datos, la criminalización de este sector de nuestra sociedad comenzó a extenderse como la pólvora, hasta el punto que tanto Fernando Simón como Josep Maria Argimon, responsables de la salud pública de España y Catalunya, respectivamente, han hecho varias llamadas a la concienciación del colectivo para frenar la curva de contagios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la propagación que hagan del virus no es por naturaleza espontánea o porque la Covid-19 tenga especial incidencia en ellos, es simplemente porque del mismo modo que los brotes de coronavirus cesaron inmediatamente cuando nos quedamos todos en casa a partir del 14 de marzo, a medida que volvimos a salir a la calle y a socializarnos, los casos aumentaron y los jóvenes, por necesidad vital, salen más. Por tanto, la culpabilización no es el camino para lograr una mayor concienciación y prevención de la franja de edad que va desde la adolescencia a la treintena. Lo que corresponde es darles protagonismo. Ellos son los que más padecerán la crisis económica que se derivará de la sanitaria y, por tanto, han de saber que de su responsabilidad e implicación penden muchos sectores del mañana. Ellos son la solución, no el problema. La única forma, pues, de frenar el creciente número de casos de contagios cuando la próxima semana todo el mundo se incorpore al trabajo y a partir del 14 de septiembre abran las aulas es la autoresponsabilidad de todos y de todas las edades. La individual, porque todos y cada uno de nosotros debemos y podemos cumplir a rajatabla las normas sanitarias: mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y reducción de interacciones sociales. La laboral, las empresas han de poner todas las medidas para que los trabajadores puedan desarrollar su quehacer sin poner en peligro su salud ni la de los demás y, por supuesto, la de las diferentes administraciones políticas y sanitarias, que han de velar para que tanto el retorno a los colegios como las diferentes actividades culturales, deportivas o de cualquier otro ámbito, tengan un protocolo ajustado a la lucha contra el virus.

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