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El mes de agosto ha sido atípico en el mercado laboral porque el turismo ha descendido notablemente debido a las restricciones de algunos países a dejar viajar turistas a España. El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) subió en 29.780 desempleados, su menor incremento en este mes desde el año 2016. Catalunya se sitúa a la cabeza de la destrucción de empleo por la espectacular caída de los visitantes extranjeros debido al coronavirus. Lleida no escapa a los malos datos del paro, sobre todo en el sector servicios en general, pero que aquí tiene más relación con el fin de los contratos temporales de los empleados del campo del Baix Segre de julio. Paralelamente, la Seguridad Social ha reconocido más de un millón de bajas por incapacidad temporal por coronavirus en estos meses de pandemia, sea por contagio o por estar en contactos con positivos. Como tercera pata de los malas noticias laborales a día de hoy, tenemos los ERTE, con quejas de personas que no han cobrado nada o muy poco desde el inicio de la crisis, y que en realidad esconden un gran número de parados del mañana, dado que muchas empresas que hoy todavía están activas gracias a estos expedientes de regulación temporal de empleo tendrán muchos problemas para volver a producir en las mismas condiciones de antes. El panorama no es ni mucho menos alentador, y tanto el Banco Central Europeo como el de España prevén una recuperación incompleta y desigual, cuando se logre normalizar la situación con la llegada de la vacuna o con la posibilidad de convivir con la Covid sin poner en riesgo la salud pública. Pero precisamente los ciudadanos votamos a unos representantes políticos para que arbitren y equilibren los diferentes sectores sociales cuando vienen las vacas flacas. Si todos fuéramos millonarios y no hubiera abusos ni injusticias, no necesitaríamos arbitraje alguno. Y aunque es evidente que el Estado, ni este ni cualquier otro, pueden poner a funcionar la máquina de hacer dinero hasta el infinito, las prioridades que da cada gobierno a mantener la sociedad del bienestar, sobre todo la de los más necesitados y en los últimos años a la ya muy castigada clase media, marcará el futuro de todos. Todos los gobiernos, todos, deberían pasar ya de las promesas y las palabras a los hechos, porque la crisis necesita urgentemente una inyección de dinero en todos los sectores.

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