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EDITORIAL
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Más improvisación que planificación

Actualizada 08/09/2020 a las 09:05

El curso escolar que comienza el próximo lunes es crucial por varios motivos. Porque los alumnos volverán a las aulas 6 meses después de que las clases presenciales quedaran suspendidas a causa del coronavirus, porque este hecho evidenció que hay grandes dificultades para que los alumnos de familias con pocos recursos puedan seguir de forma adecuada la enseñanza telemática y porque, sin colegios, la conciliación de la vida laboral y familiar se hace todavía más difícil. Además, es un gran reto que cientos de niños estén juntos en un edificio y que veinte o más compartan aula cuando los contagios del coronavirus están a la orden del día y todo apunta a que crecerán todavía más en otoño. Todo ello hacía necesaria una preparación minuciosa y con tiempo de la vuelta a las aulas. Sin embargo, da la impresión de que las autoridades educativas de Catalunya y del Estado han actuado como si este fuera un curso normal, dejando su preparación para última hora, igual que los malos estudiantes. El conseller de Educación, Josep Bargalló, tras admitir el sábado que un 30% de las escuelas públicas sobrepasa el límite de 20 alumnos por aula recomendado, señaló ayer que los 800 docentes que han recibido la baja médica porque tienen problemas de salud que les hacen ser vulnerables a la Covid serán sustituidos el día 14, que es el día que empiezan las clases, con lo que llegarán a los centros sin ningún tipo de adaptación previa. ¿No era posible resolver antes el proceso de evaluación médica de los docentes que habían notificado que podían ser vulnerables a la pandemia? Y en el Gobierno central continúan las contradicciones para una cuestión que es básica para los padres, la de si podrán acogerse o no a una baja laboral para cuidar a hijos en cuarentena pero que no han dado positivo de coronavirus. Después de que la pasada semana el ministro Escrivá anunciara un cambio legal para permitirlo, ayer el presidente Sánchez eludió confirmar si será así, limitándose a señalar que “ya hay acciones” y que el Gobierno siempre está abierto al diálogo. Y casi al mismo tiempo, la ministra Irene Montero se comprometió a hacer posible la baja retribuida para esta situación. Eso sí, tanto el Gobierno central como la Generalitat coinciden en asegurar que la escuela será un lugar seguro. Habrá que confiar en ello y esperar que tanta improvisación no pase factura.

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