Las cloacas del Estado

El PSOE y Unidas Podemos presentarán una petición conjunta para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, como ya planteaban algunos grupos nacionalistas. La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha consensuado la decisión con Pablo Echenique, su homólogo del grupo confederal. Los dos socios del Gobierno mantienen conversaciones con otros partidos interesados en que el Parlamento cree una comisión sobre la Operación Kitchen. ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG ya se habían mostrado favorables y se sumarán a la iniciativa de socialistas y podemitas. La Fiscalía pide la imputación de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy; de María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y exministra de Defensa; y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Paralelamente, conocíamos ayer piezas separadas de las mismas cloacas del Estado que en 2017 ordenaron iniciar la segunda parte de la Operación Catalunya, con una serie de actuaciones ilegales, por mucho que las denominen parapoliciales, que un estado de derecho y democrático no puede permitir ni tolerar. La transición sirvió para pasar de la dictadura a la democracia sin enfrentamientos ni sangre y eso siempre estará en su haber en la historia, pero es hora de comenzar a levantar las alfombras e iniciar una nueva etapa.

La ley del alquiler en Catalunya Los pactos a los que han llegado partidos tan diferentes como Junts per Catalunya, ERC, los comunes y la CUP para propiciar ayer en el Parlament la ley del alquiler son una buena noticia, tanto para las capas más vulnerables de nuestra sociedad como para los pequeños propietarios, a los que se garantizará precios justos. Y lo es porque evitará los abusos de grandes empresas que han hecho del alquiler un negocio más en la diversificación de sus inversiones y protegerá a los más débiles. El hecho de que el sindicato de arrendatarios haya dado su beneplácito habla mucho del consenso logrado. Esperemos que el Constitucional no la aborte.