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La absolución de Josep Lluís Trapero y de quienes ocupaban la cúpula de los Mossos en septiembre y octubre de 2017 de los delitos de sedición y desobediencia es una excelente noticia para los afectados pero también para la policía catalana, que ve refrendada la actuación de sus mandos con una reiterada mención de los jueces a los principios de “proporcionalidad, congruencia y oportunidad”. Si ya salió reforzado el mayor Trapero con sus declaraciones ante el Supremo en el juicio a los dirigentes del procés y en la Audiencia Nacional cuando era él quien se sentaba en el banquillo, aún se reconoce más su gestión en la sentencia conocida ayer, que elogia su actuación al asegurar que “afrontó la situación de un modo que evitó graves daños y trató de cumplir con la resolución judicial, igual que antes había hecho con las órdenes que había emitido la fiscalía superior”. La Audiencia Nacional reconoce que “el acusado venía obligado a hacer todo lo que estuviera en su mano para cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional y la fiscalía, pero en la ponderación de los intereses en juego, el jefe policial no debía poner como única finalidad de su actuación impedir a toda costa el referéndum”, añadiendo que, si se producían daños irreparables, su gestión profesional habría sido un fracaso y que la “prudencia ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la celebración del referéndum y la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales”. En conjunto, la sentencia da verosimilitud al testimonio de Trapero, incluso en el plan para detener a Puigdemont y su gobierno en caso de que lo solicitara la autoridad judicial, con lo cual desbarata las tesis de la fiscalía y de los informes de la Guardia Civil que le acusaban de colaboracionista con el independentismo, dejando en evidencia al coronel Pérez de los Cobos, que encabezaba estas acusaciones, y también se recoge en el fallo una crítica al gobierno de Rajoy al recordarle que, en un sistema democrático avanzado como el español, su legislación incluye una batería de resortes para frenar posibles abusos de las autoridades autonómicas. Aunque hay un voto particular y puede haber recursos, es evidente que la figura del mayor Trapero y el cuerpo que dirigía salen reconocidos como policías eficaces al servicio de los jueces que evitaron males mayores.

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