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Mientras la situación sanitaria sigue empeorando sin que de momento se vean resultados a las restricciones aprobadas con una inminente declaración de un nuevo estado de alarma, la situación económica tampoco mejora y a la anunciada caída del Producto Interior Bruto hay que añadir el goteo de nuevos Expedientes de Regulación de Empleo: mil más en Lleida esta semana que se suman a los 8.697 que ya estaban en esta situación, mientras que en Catalunya hay que registrar 4.871 más de esta semana a los 41.054 trabajadores que ya estaban incluidos en los ERTO. No funciona la dicotomía entre salud y economía porque desgraciadamente se están deteriorando las dos y todo apunta a que la situación aún puede empeorar en el temido rebrote de otoño. Ya sabemos que vienen tiempos difíciles, como reiteró ayer el presidente del Gobierno, pero la percepción es que la mayor parte del sacrificio tienen que asumirla los trabajadores, que ven peligrar sus empleos, y las pequeñas y medianas empresas, que empiezan a estar ahogadas sin que acaben de llegar las ayudas y los millones anunciados de fondos europeos. Esta misma semana las empresas tenían que liquidar los pagos trimestrales del IVA y el IRPF a la Agencia Tributaria, la Paeria cobraba en pleno cierre de la hostelería los recibos por las tasas de terrazas correspondientes al primer trimestre y los fijados por IAE e IBI y la Generalitat anunciaba un plan de ayudas de 40 millones el mismo día en que se cumplía el aniversario de las riadas en Les Garrigues sin que aún se hubieran subsanado los daños. Incluso el plan que obliga a rebajar a la mitad los alquileres a los locales cerrados supone un coste para los propietarios, pero no para la administración, y podría esgrimirse un argumento similar al utilizado para reclamar un recorte de impuestos: ¿hay que tributar lo mismo cuando está el negocio cerrado o cuando ha bajado sensiblemente su actividad? Nadie discute que las administraciones tienen necesidades recaudatorias y es impensable reclamar aquí medidas parecidas a las que han aplicado otros países que garantizan subsidios a los trabajadores y exenciones fiscales a las empresas, pero sí habría que reclamar de las administraciones públicas que concreten y sobre todo agilicen las ayudas prometidas, que aflojen la presión tributaria a los que están ahogados, que hagan llegar el dinero a los necesitados y que compartan los sacrificios de la sociedad.

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