La octava ley educativa

Lo mejor que se puede decir de la nueva ley de Educación aprobada con bronca en el Congreso pero que aún tiene que superar el trámite del Senado y un más que seguro recurso al Constitucional es que tumba la ley de aquel ministro Wert que se aprovechó de la mayoría absoluta del PP para imponer un texto que, según sus críticos, recortaba presupuestos a la enseñanza pública, potenciaba la religión e invadía competencias autonómicas. Sin duda se ha mejorado el texto legal, pero estamos ante la octava ley de Educación aprobada en tiempos democráticos, algo que dice poco de la estabilidad de nuestro sistema educativo, y además nace con un respaldo mínimo de solo 177 votos, uno por encima de la mayoría absoluta que necesitaba y entre gritos de “libertad” desde la derecha, que ya anunció que no la aplicará en sus autonomías y la recurrirá ante el Constitucional con una nueva recogida de firmas. Aunque la nueva ley Celaá nace sin el consenso que sería recomendable para un proyecto educativo y parece condenada a tener un futuro tan inestable y breve como sus antecesoras, presenta novedades significativas que han desatado la indignación de los partidos de derecha, sobre todo en lo referente a las repeticiones, las escuelas concertadas, la religión y especialmente el tratamiento del castellano, que deja de ser lengua vehicular, un concepto que había introducido la ley Wert y que ahora se suprime. Frente a los que temen el detrimento del castellano, la nueva ley dice textualmente que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable”, pero algunos se han aferrado al término vehicular que introdujo Wert en 2013. Se pretende rebajar las repeticiones facilitando pasar de curso con dos suspensos para combatir el fracaso escolar, que perjudica a los sectores más desfavorecidos, se reduce el peso de la religión, que pasa a ser optativa y sin contar para la nota final, y se introducen límites a la escuela concertada para la imposición de cuotas o la segregación de alumnos, retirando el concepto de “demanda social”, que también introdujo Wert, para justificar las ayudas a este colectivo. Cambios significativos y de calado pero que nacen limitados por la falta de consenso político.