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EDITORIAL
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Una lacra que no se erradica

Actualizada 26/11/2020 a las 09:02

Mientras siga habiendo una mujer maltratada, todos los días del año deberían ser contra la violencia de género, por más que se haya institucionalizado un día como el recordado ayer para que se visualice que el problema sigue vigente. Se mantiene pese a que las estadísticas hablan de que durante el confinamiento por la pandemia bajaron las denuncias, por los mismos problemas de movilidad y porque el problema se enmascaraba, pero lo cierto es que las denuncias han vuelto a repuntar y hasta el tercer trimestre se han registrado 779 denuncias en Lleida, lo que representa otros tantos dramas con mujeres en peligro y familias destrozadas. Han caído los indicadores de violencia de género, denuncias, sentencias y órdenes de alejamiento o de protección con la pandemia, pero los expertos y las asociaciones de mujeres advierten que la crisis económica generada está empeorando la vulnerabilidad de la mujer y complica la posibilidad de que rompa el ciclo de la violencia de género. Cuando hay problemas económicos, y además hijos por medio, hay más miedo a denunciar a los violentos, y la dependencia económica es un factor de riesgo añadido para que se perpetúe la violencia más allá del plano psicológico y emocional.

Como explicaba ayer un mosso del grupo de atención a las víctimas, la pandemia y sus secuelas económicas han añadido una dificultad más a la mujer para poder denunciar, y las víctimas aguantan aún más por temor a la incertidumbre generada y tardan más en denunciar con la agravante de que aún no conocemos todas las secuelas provocadas por esta situación. Estamos ante un problema social porque cada caso es un fracaso colectivo, de una sociedad que no ha ofrecido suficiente defensa y protección a las mujeres maltratadas, y tenemos que multiplicar la conciencia social para implicarse en los casos de violencia de género. En este sentido, el mismo Consejo de Europa pidió a España más medidas contra la violencia de género, aun reconociendo que hay un compromiso por parte de las autoridades españolas en la lucha contra la violencia infligida por la pareja, pero no hay suficiente y hace falta más implicación de las administraciones, de las fuerzas de seguridad, de los jueces y de toda la sociedad para evitar cualquier forma de maltrato.

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