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Hace un año el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, consideró la legislatura acabada y abría la puerta a una inminente convocatoria electoral. Ha pasado un año y por medio hemos visto como se inhabilitaba al president, quedaba el gobierno en funciones y posteriormente se disolvía el Parlament y sobre todo hemos padecido una pandemia que nos ha confinado y que lleva diez meses impidiendo la normalidad de la vida ciudadana, social y también política, con más de 17.000 muertos en Catalunya y cerca de medio millón de contagiados. Y, además, las previsiones epidemiológicas apuntan a que en torno al diez de febrero puede alcanzarse el pico de hospitalizados con riesgo de saturación en las UCI. Con estos condicionantes, mantener la fecha del 14 de febrero para las elecciones catalanas era un riesgo y finalmente el gobierno, con el consenso de todos los partidos salvo el PSC, ha decidido aplazar la convocatoria hasta el 30 de mayo. Ciertamente, es una anomalía democrática y un riesgo político aguantar cuatro meses más con un gobierno en funciones dividido y enfrentado, pero se ha optado por el mal menor confiando en que la situación epidemiológica a finales de mayo será mucho mejor que la actual. Hay precedentes en los dos sentidos: Galicia y Euskadi aplazaron las elecciones con el consentimiento de la Junta Electoral y las hicieron meses más tarde, mientras que en otros países, incluido Estados Unidos, se ha votado pese a la pandemia. Puede haber recursos judiciales por el aplazamiento, y Vox ya los ha anunciado, pero en el decreto de convocatoria se contemplaba este posible aplazamiento por causa mayor y todo apunta a que también habría recursos si se votara el 14-F interpretando que se restringía el derecho al voto de los enfermos y contagiados. No es una decisión fácil y lo importante es que se ha hecho con el máximo consenso y lo deseable sería que se hubiera aprobado por cuestiones sanitarias y epidemiológicas y no en función de las expectativas electorales y las encuestas que todos manejan. En estos momentos el derecho a la salud es el prioritario, pero hay que trabajar para que no afecte al derecho al voto, ni que el aplazamiento perjudique a los planes de recuperación y acceso a los fondos europeos por la provisionalidad del gobierno en funciones. Hay que redoblar esfuerzos para combatir la pandemia, para intensificar la campaña de vacunación de forma que en mayo no se vuelvan a repetir los mismos problemas y también planificar alternativas de votación facilitando el voto por correo, por franjas o incluso durante más tiempo si fuera necesario porque sería una catástrofe un nuevo aplazamiento. Y también, por difícil que sea, reclamar a los partidos que aparquen sus intereses particulares durante los meses que faltan hasta la nueva campaña porque mientras dure la pandemia tenemos un enemigo común. El ciudadano lo agradecería.

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