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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles ayudas por valor de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomos, sin más concreciones de momento. La Unión Europea tiene comprometidos 140.000 millones en ayudas para España, entre transferencias y financiación de proyectos, y también la Generalitat y los ayuntamientos van anunciando paquetes de ayudas para los sectores más damnificados por la pandemia.

Es lo que tienen que hacer las administraciones, pero se agradecería que bajaran al detalle y concretaran para qué son las ayudas, quién las puede recibir y qué hay que hacer para conseguirlas porque corremos el riesgo de que las promesas se queden por el camino o se diluyan en forma de créditos, que garantizan financiación pero no solucionan el día a día, o apoyen programas por definir que requieren complejas elaboraciones y tramitaciones. Es el temor que hay con las ayudas comunitarias que requieren proyectos que han empezado a elaborar las grandes empresas con más posibilidades para hacerlo y se conoce que las grandes empresas del sector agroalimentario o las eléctricas ya tienen en marcha proyectos, interesantes, sin duda, que aspiran a grandes cantidades pero pueden dejar sin fondos a las pymes y los autónomos, que están pasando más apuros hasta el punto de ver peligrar su supervivencia.

Si como parece ser hay dinero disponible, las administraciones, desde la estatal a la municipal, podrían empezar aprobando exenciones fiscales, y no moratorias con aplazamiento de pago, a los sectores que han sufrido una paralización de actividades o una merma de facturación. Es absurdo que se tengan que pagar los mismos impuestos tras un año como el 2020 con la actividad semiparalizada, y también las administraciones deberían hacer un esfuerzo similar al que están haciendo empresas y trabajadores.

En la misma línea podrían aprobar como ya han hecho otros países europeos fórmulas para compensar la pérdida de facturación provocada por el coronavirus basándose en los balances presentados en los últimos años o facilitar ayudas directas vinculadas al mantenimiento del empleo, ampliando los ERTE, que sin duda han sido una buena medida para evitar el cierre de muchas empresas pero que aplazan el problema hasta su levantamiento. Y sin ánimo de exhaustividad, porque el abanico posible es mucho más amplio, también deberían plantearse quitas sensibles a los créditos ICO concedidos por mucho que se opongan los bancos.

Si los gobiernos con el dinero de todos salvaron a la banca de la crisis financiera, también ahora hay que destinar recursos para salvar a los autónomos y las pymes. De momento, España está en la cola de las ayudas presupuestarias directas, según un estudio del Banco Central Europeo, pese a que la pandemia ha golpeado con especial dureza.

Es hora de corregirlo..

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