Muchos impuestos y luz muy cara

No ha pasado ni un mes desde que se implantó el nuevo recibo de la luz, que supuestamente tenía que suponer un ahorro para los consumidores que aprovecharan las horas valle, y el Gobierno ya tiene que tomar nuevas medidas ante la inevitable evidencia de que los precios que pagaremos por la luz se han disparado este mes con subidas de hasta el cuarenta por ciento. Y lo único que puede hacer para frenar esta escalada es reducir parte de la carga fiscal que soporta cada kilovatio, más concretamente el IVA, con una rebaja para el consumidor del 21 por ciento al 10 de forma temporal mientras sigan los precios por las nubes.

No es ninguna barbaridad aunque se calcula que la rebaja costará mil millones de euros a las arcas de Hacienda porque los españoles estamos entre los que pagamos más IVA por la luz, dos puntos más que Alemania, 2,6 más que la media de la eurozona, ocho puntos más que Irlanda, once más que Italia o quince más que Portugal, lo que es uno de los factores que explican que en España el recibo de la luz esté entre los más caros de Europa. Pero no solo pagamos el IVA más caro sino que llegamos a pagar un 57 por ciento del importe en diversos impuestos u otros recargos, de forma que al 21 por ciento de IVA que ahora se rebaja, hay que añadir el impuesto sobre la electricidad que representa casi un cinco por ciento, impuestos municipales, incentivos a las renovables, cogeneración y residuos, costes de transición a la competencia, peajes por la utilización de las redes, alquiler de aparatos, pérdidas de transporte y operaciones y, evidentemente, retribuciones a las operadoras.

Todos estos pagos están regulados por el Gobierno y unos van a las arcas de Hacienda o municipales y otros a las de los operadores eléctricos, y a esto hay que añadir lo que representa estrictamente el coste de la producción de energía, que viene a representar solo una cuarta parte del recibo y que no viene fijado por el Gobierno, a diferencia de los demás conceptos, sino por el mercado y en función de la oferta y la demanda. Compradores y vendedores de energía, que a veces pertenecen al mismo grupo empresarial, se reúnen en el Operador del Mercado Ibérico de Energía y fijan los precios hora a hora, casando oferta y demanda a partir de la más barata y acabando por la más cara mediante un sistema de algoritmos y, si no hay suficiente energía barata, se va comprando la cara y, lógicamente, subiendo el precio.

A esto hay que añadir el precio de los derechos de emisión de CO2 que las compañías tienen que comprar para poder producir energía contaminante, que también se han duplicado, por lo que el recibo aún sube más. El Gobierno no controla esta fijación de precios y es más fácil que los operadores se pongan de acuerdo para hacerlos subir y, como hasta ahora tampoco renunciaba a tener una de las fiscalidades más elevadas, pagamos uno de los recibos más caros de Europa.