Acuerdo sobre las pensiones

Después de meses de negociación, el Gobierno ha llegado a un principio de acuerdo para la reforma de las pensiones en una década, que cuenta con el apoyo inicial de los sindicatos y la patronal. La reforma de las pensiones era una asignatura pendiente de casi todos los gobiernos, una exigencia de Bruselas y una necesidad económica a la vista del déficit que se había acumulado en los últimos ejercicios y que tras la reforma negociada de 2011 no había alcanzado consensos, de forma que el gobierno de Rajoy en 2013 introdujo sin apoyo sindical, ni el del resto de fuerzas políticas, modificaciones tan sustanciales como la revalorización anual que se dejaba en un 0,25 por ciento y el llamado factor de sostenibilidad, que no ha llegado a aplicarse, pero que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, con la sospecha de que se traduciría en una disminución de las pensiones futuras.

El acuerdo conocido ayer elimina estos dos criterios derogando el factor de sostenibilidad e introduciendo un nuevo elemento, el índice de equidad intergeneracional, del que dio pocos detalles, pero que empezará a ser efectivo a partir de 2027. Por lo que respecta a la revalorización de las pensiones, volverán a aplicarse las subidas en función del IPC anual estimado en noviembre, aunque, si es negativo, no representará bajadas con el compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados.

Volvemos al sistema anterior, que evidentemente es más justo que la arbitraria subida del 0,25 decretada por Rajoy. También es novedoso que la financiación de la Seguridad Social sea apoyada por los presupuestos del Estado, que asumirán partidas que hasta ahora cubría la Seguridad Social por un importe calculado en 21.000 millones de euros anuales.

A falta de conocer la letra pequeña, aquí se incluyen partidas sobre las que decide el Gobierno como la reducción de cotizaciones para favorecer el empleo, el tratamiento favorable a algunos regímenes como el agrario, cuyo coste es lógico que asuma el Estado, pero también otras partidas como las prestaciones de maternidad o paternidad, que algunos expertos consideran que corresponden a la Seguridad Social porque dependen de las cotizaciones. En cualquier caso, parece lógico que el Estado asuma el déficit, porque en su momento también se aprovechó del superávit que tenía la Seguridad Social.

Y la cuarta novedad más significativa es que aumentan las trabas a la jubilación anticipada con más penalizaciones por una parte y con compensaciones a quienes la demoren más allá de la edad estipulada. Justifican la medida para evitar que se incremente la carga a pagar por la Seguridad Social con jubilaciones anticipadas de la generación del baby boom, pero también se puede interpretar como un freno para impulsar el empleo juvenil y el rejuvenecimiento del colectivo con empleo.

Habrá que ver, pero es importante que haya acuerdo. .