El freno a las renovables

La Generalitat ha decidido frenar el alud de proyectos de generación de energías renovables y la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, anunció el jueves en el Parlament que la práctica totalidad de proyectos en marcha, 117 centrales solares y 42 parques eólicos, tendrán que volver a la casilla de salida en su tramitación, que tendrá que hacerse de acuerdo según un nuevo decreto que no estará listo hasta noviembre. Un nuevo cambio de regulación de un sector que primero vio cómo se incentivaba su instalación con las primas a las renovables, luego se marcaban objetivos tan ambiciosos a nivel comunitario como conseguir que el 20 por ciento de la energía consumida en 2020 procediera de las renovables y el 30 por ciento en 2030, después se suprimieron las primas con el consiguiente revuelo del sector, que veía cómo se cambiaban las normas pero se mantenían las facilidades de tramitación e instalación que propiciaron el alud de proyectos que provocaron las primeras protestas por el impacto ambiental y agrario y ahora con el anuncio de la Generalitat ha llegado el frenazo sin que se hubiera cambiado la normativa vigente, ni se afrontara un debate sobre la cuestión.

La polémica está servida porque vuelven a cambiarse normas a mitad del partido como ya sucedió con la supresión de primas y porque hay posturas contrapuestas en la mayoría de partidos y organizaciones, con defensores de las energías limpias, alternativas y renovables y detractores del impacto que representa para la agricultura y para el paisaje la proliferación de molinos eólicos o de plantas solares con críticas de por medio a la especulación o la concentración de la producción en pocas manos. A esto hay que añadir ayuntamientos que han visto en los molinos o en las placas una fuente de ingresos para equilibrar sus presupuestos y propietarios de terrenos que consiguen más rentabilidad con lo que les pagan las eléctricas que con el rendimiento agrario.

Y de fondo queda el mapa de producción eléctrica, donde el 51 por ciento en Catalunya sigue siendo de origen nuclear, que ya tiene fecha de caducidad, sin que se hayan concretado las alternativas, y las renovables, sin contar con la hidroeléctrica, apenas llega al diez por ciento, sin apenas crecimiento en los últimos años a diferencia de lo sucedido en otras autonomías y otros países, muy lejos de los objetivos europeos y con necesidad de importar energía para afrontar sus necesidades. El anunciado frenazo a las nuevas renovables no resolverá el problema, sino que lo agravará, y es urgente un debate clarificador sobre las necesidades que tiene Catalunya, las posibilidades de conseguirlas y las servidumbres que está dispuesta a aceptar, pero se hace imprescindible un gran consenso entre todas las partes implicadas para afrontar el debate energético y cómo sustituimos la producción de las energías contaminantes que van a desaparecer.