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EDITORIAL

Violencia económica es violencia de género

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Un juzgado de Mataró ha solicitado al Gobierno que estudie la tipificación de la denominada violencia económica como modalidad de violencia de género y la incluya en el Código Penal.

Esta petición llega después de un juicio por impago de la pensión alimenticia en un procedimiento de divorcio en el que el demandado fue condenado a 11 años de cárcel por el impago de pensiones a su pareja entre 2014 y 2019. Y es que el ahogamiento económico puede ser otra variante, muy sibilina pero eficaz, de maltrato a las mujeres quienes, aún en demasiados casos y sobre todo entre las mayores, dependen económicamente de sus cónyuges.

Comparándola con la violencia física y la violencia psicológica, que pueden solventarse con la separación física o legal de la pareja, no ocurre lo mismo con la que nos referimos.

De hecho, esta violencia se puede mantener e incluso incrementar tras llegar a la separación y puede haber casos en los que no se haya producido durante la convivencia pero que, tras la ruptura, se inicie esta “venganza”. Seguro que todos conocemos casos de este tipo de maltrato que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hijos, que ven como las penurias económicas van creciendo.

Porque, por desgracia, este tipo de actuaciones no solo consisten en dejar de pasar la pensión establecida, sino que incluyen desde el control de las tarjetas de crédito hasta haber incurrido en deudas a las que deben hacer frente las mujeres.

Y como decíamos, no son casos aislados. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 11,5% (2.350.684) habían sufrido violencia económica de alguna pareja actual o expareja en algún momento de su vida.

Así es de aplaudir la iniciativa emprendida por la titular del juzgado penal número 2 de Mataró y es de esperar que el Gobierno, que ya no es que sea paritario, sino que tiene más ministras que ministros, tome nota de esta petición.

La violencia económica, por desgracia, no se considera específicamente como abuso en España ni en la gran mayoría de estados miembros de la Unión Europea. Sería de aplaudir que el Estado fuera pionero en este aspecto, como lo ha sido en la consecución de otros derechos como el del matrimonio homosexual.

Historia con final feliz Después de casi 21 horas de angustiosa búsqueda, un boletaire encontró al niño de 8 años que se perdió en Torà.

Primero nos felicitamos del final feliz de este caso y aplaudimos la ardua labor de bomberos, mossos, rurales y voluntarios, pero será necesario investigar si las medidas de control y seguridad de la casa de colonias donde estaba el pequeño eran las que corresponderían..

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