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EDITORIAL

Falta de sensibilidad con las bomberas

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La figura de los bomberos voluntarios en las comarcas de Lleida es fundamental para garantizar una cobertura adecuada ante posibles incendios por la falta de parques profesionalizados. Los voluntarios se comprometen a hacer unas horas por las que lógicamente son compensados, pero también son expulsados si no las cumplen como ha sucedido con tres bomberas, dos de Agramunt y otra de Almacelles, que fueron apartadas del cuerpo porque no habían cubierto las horas obligatorias. El motivo era más que razonable: habían dado a luz, tenían que amamantar a sus hijos y no pudieron cumplir o justificar el mínimo de horas que se les exige.

En una falta de sensibilidad clamorosa y una discriminación flagrante, Interior les notificó la expulsión del cuerpo por no cumplir las horas fijadas e incluso rechazó el primer recurso presentado. Después ha admitido el error, ha reconocido que se equivocaron, ha readmitido a las tres bomberas expulsadas y se ha comprometido a revisar todos los casos por si hubiera más errores. Es lo que hubieran tenido que hacer antes de expulsar a nadie, y más cuando en los últimos meses han apartado del cuerpo a unos 200 bomberos, 50 de ellos en Lleida, mientras que, por otra parte, como denuncia una de las implicadas, buscan más bomberas para el cuerpo.

En el caso de estas tres afectadas se ha solucionado favorablemente, pero han tenido que recurrir y esgrimir una causa tan razonable como haber sido madres para que la conselleria de Interior rectificara.Una reforma necesaria

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del reglamento de la ley de extranjería para facilitar la concesión de los permisos de residencia y de trabajo a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes extutelados por razones de edad. Con la medida se pretende evitar el vacío en que estaban estos jóvenes al cumplir los 18 años cuando se quedaban sin papeles y con problemas para regularizar su situación, con lo que entraban en riesgo de expulsión. Era una medida necesaria e imprescindible para normalizar la vida de estos jóvenes y facilitar su integración social y laboral, suavizando los requisitos existentes hasta ahora para conseguir los permisos.

La reforma beneficiará a 15.000 jóvenes en toda España, de los que ocho mil son menores de edad y siete mil extutelados que tienen entre 18 y 23 años, y en Lleida la Generalitat tiene bajo su tutela 519, de los que la mitad ya son mayores de edad. La novedad ha sido bien recibida por las entidades sociales, que hablan de paso histórico, y rechazada por la derecha, que alerta de un posible efecto llamada de la inmigración, pero lo importante es que se normalice la situación de estos adolescentes.

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