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La Trobada al Pirineu, que ayer arrancó en La Seu d’Urgell, aborda un tema clave en estos meses y que no es otro que la resiliencia del tejido empresarial y productivo ante el calvario que nos ha tocado vivir con la crisis sanitaria. Los ya 32 años de este encuentro económico son el termómetro perfecto de la evolución llevada a cabo en estas tres décadas por las comarcas del llano de Lleida y el Pirineo. De unos inicios donde las firmas y expertos foráneos copaban los principales puntos del programa, hemos pasado al reconocimiento de lo propio como un valor en alza que hay que conservar, promocionar y proyectar hacia el exterior.

Ponent, como ha quedado patente también durante la pandemia, es una potencia agroalimentaria de primer nivel, sobre todo en producción, pero también en innovación, transformación, exportación y mercados, con empresas punteras en todos los sectores. Los nuevos paradigmas a los que nos ha obligado el coronavirus han puesto sobre la mesa la importancia y el potencial de estas empresas y la Trobada es un excelente foro para debatir dónde estamos y cuáles son los objetivos que nos ayudarán a crecer. Es evidente que no todo son laureles y que siguen pendientes muchas asignaturas en infraestructuras, ayudas públicas, trabas burocráticas y competencias diversas.

No se puede negar tampoco que la carestía de materias primas y los elevados precios energéticos complican muchas cuentas de explotación y plantas de producción y que la pospandemia no será fácil con el IPC disparado (un 5,5%, su cota más alta en 29 años, con unos precios que llevan ocho meses de subidas encadenadas) y amenazando la cesta de la compra y la recuperación. Pero lo que sí es innegable es que Lleida deja atrás complejos y victimismos del pasado para afrontar el presente con una resiliencia más que demostrada en décadas de cambios y transformaciones y un futuro, como mínimo esperanzador, sobre todo si tenemos en cuenta de donde venimos y los techos que hemos tenido que ir rompiendo.El PP pagó en negro su sede

La Audiencia Nacional ratificó ayer la existencia de una caja B en el Partido Popular con la que se pagó parte de las obras de su sede en la calle Génova de Madrid y por ello condena al principal acusado, el extesorero Luis Bárcenas, a dos años de prisión. El tribunal condena también al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de sociedades de Unifica de 2007.

La verdad judicial choca, por tanto, con los testimonios entre 1990 y 2018 de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y los exsecretarios generales María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos.

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