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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a levantar polvareda con sus declaraciones, indignando al sector ganadero, abriendo una nueva brecha en el gobierno bipartito y facilitando los ataques de la derecha, que ayer anunció que llevaría el caso al Congreso, donde pedirá su reprobación. Es el segundo capítulo que provoca Garzón, que ya indignó al sector ganadero hace unos meses cuando recomendó que se consumiera menos carne y ahora en unas declaraciones al diario británico The Guardian ha diferenciado entre la ganadería industrial y la extensiva, criticando las macrogranjas y asegurando que “la carne es de peor calidad, que hay maltrato animal y además un impacto ecológico descomunal y desproporcionado”. Esto es lo que dijo textualmente, que, evidentemente, puede ser discutible y matizable, pero después algunos medios del sector titularon que “España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”, poniéndolo en boca del ministro.

Las reacciones fueron inmediatas coincidiendo además con la apertura de la campaña electoral en Castilla-León, con manifestaciones en contra del ministro, la crítica del presidente del Gobierno asegurando que lamentaba la polémica y que España produce una carne de excelente calidad y el malestar del titular de Agricultura que ayer mismo prefirió no hacer comentarios sobre el tema dejando claro su enfrentamiento con su compañero de gabinete, mientras que la vicepresidenta Díaz se alineaba con Garzón y recomendaba al PSOE que cuidara la coalición. De entrada, parece evidente que el ministro de Consumo se ha equivocado otra vez al pontificar sobre una cuestión que no es de su competencia, sobre la que puede tener sus propias opiniones, pero sobre las que no debe pronunciarse unilateralmente como ministro de un gobierno que no las comparte y atacando además a un sector, el ganadero, que ha hecho un extraordinario esfuerzo para adaptarse a las normativas sobre sanidad animal que ha dictado la misma Unión Europea. Si el ministro tiene constancia de que hay casos de maltrato animal o que se comercializa carne de mala calidad, lo que tiene que hacer es comunicarlo al ministro responsable e intervenir, pero no lanzar la crítica en unas declaraciones periodísticas y mucho menos generalizar sobre un sector.

No refleja además mucho conocimiento del tema porque las granjas están sujetas a una estricta regulación, con trasposición de normas comunitarias e incluso se han dictado moratorias sobre nuevas instalaciones, porque evidentemente la comercialización de la carne tiene que superar todos los controles sanitarios, y porque refleja una visión urbanita al explicar que “cogen un pueblo de la España vaciada y colocan allí 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado” como si en los pueblos no aplicaran la normativa. Ha generado una polémica inoportuna y perjudicial.

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